<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Guinea Ecuatorial acaba de pasar su tercer Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que España jugó el papel comedido y al mismo tiempo fiscalizador que se preveía. Malabo no se ha mostrado muy molesto con Madrid, pero le ha cedido al partido gubernamental el derecho al pataleo.</strong></h4> El tercer viceprimer ministro encargado de Derechos Humanos, Alfonso Nsue Mokuy, fue el encargado de exponer en Ginebra, el pasado 13 de mayo, la posición del régimen de Teodoro Obiang Nguema sobre los avances o retrocesos respecto al anterior EPU de 2014. Según indicó posteriormente la página web oficial del Gobierno, “el 90% de las delegaciones y miembros de ONU” participantes “ha felicitado a la República de Guinea Ecuatorial” por sus resultados, una opinión que, obviamente, no comparte la oposición, como es el caso del Partido del Progreso de Severo Moto, exiliado en España, para quien el régimen ha recibido “un varapalo” en Ginebra. Lo cierto es que, en medio del inevitable juego de intereses que caracteriza a este foro, el régimen de Obiang fue felicitado por 57 de los 82 países intervinientes (el 70%) por su gestión de los derechos humanos. Es el caso de Nicaragua, China, Sudán, Corea del Norte, Libia, Burundi, Myanmar, Venezuela, Filipinas o Zimbabue. Entre los pocos países abiertamente críticos se encontraban Estados Unidos, Australia o Reino Unido. La <strong>intervención española</strong> se caracterizó por un tono entre conciliador y exigente, ya que tras felicitar a Guinea Ecuatorial por las “medidas adoptadas desde el EPU anterior”, hizo una serie de recomendaciones al Gobierno de Malabo, como la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente, la erradicación de “los actos de tortura cometidos por agentes del Estado”, garantías para el “pleno ejercicio de las libertades de expresión, reunión y asociación” y en defensa del pluralismo político y la libertad de prensa o medidas de protección a los defensores de derechos humanos y en contra de la violencia de género, entre otras. En definitiva, según indicaron a <em>The Diplomat</em> fuentes de la Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, <strong>el régimen de Malabo “es consciente de que las relaciones con España siempre van a tener un componente de derechos humanos”</strong>, por lo que durante el Examen Periódico Universal se sacaron “todos los temas” pertinentes. <h5><strong>Reacciones de Malabo</strong></h5> En principio, la participación española no parece haber molestado excesivamente al régimen, o al menos no lo ha expresado públicamente, como sí lo hizo con Estados Unidos, cuya embajadora fue convocada por el ministro de Asuntos Exteriores, Simeón Oyono Esono Angüe. En cambio, <strong>el embajador de España, Guillermo López Mac-Lellan</strong>, fue recibido el 21 de mayo por el <strong>vicepresidente de la República, Teodoro Nguema Obiang Mangue</strong> (el popularmente conocido como <em>Teodorín</em>, hijo del presidente Obiang), para hablar sobre el fomento de las inversores españolas en Guinea Ecuatorial o la lucha contra la piratería, según informó la web del régimen sin hacer ninguna mención al EPU de Ginebra. Quienes sí se han enfadado, una vez más, han sido los del <strong>Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE)</strong>, fundado y presidido por Obiang, cuya página web dedicó un incendiario artículo contra los “eternos críticos españoles” y aprovechó para arremeter contra la situación de los derechos humanos en España, caracterizada por “violaciones de la libertad de expresión y del derecho de reunión; impunidad por los crímenes del régimen de Franco, violencia contra las mujeres… <strong>Sin mencionar las detenciones de separatistas catalanes que, simplemente, pueden compararse a presos de conciencia o presos políticos. ¡Sí, presos políticos en el corazón de Europa! ¡En España!</strong>”, clamó el PDGE.