The Diplomat
La sociedad española presentó en 2018 casi 1.700 recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en temas como el céntimo sanitario, el impuesto sobre carburantes, el canon digital, la cláusula suelo, los contratos bancarios y, de forma muy destacada, los gastos y los préstamos hipotecarios.
Así se desprende del informe La trascendencia de las cuestiones europeas para los ciudadanos y las empresas españoles, elaborado por el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas con motivo del Día de Europa para analizar el grado de europeización que afecta directamente tanto a los ciudadanos como a las empresas en España.
Según el documento, en los últimos tiempos se ha incrementado el número de casos sometidos desde España ante el TJUE, el órgano supranacional al que corresponde la potestad jurisdiccional de interpretar y aplicar el Derecho de la Unión Europea y cuya vicepresidencia ejerce la española Rosario Silva.
Más en concreto, el número de asuntos nuevos que España sometió en 2018 a los dos órganos jurisdiccionales del TJUE fue de 1.683, por materias como el céntimo sanitario, el impuesto sobre carburantes que aplicaban algunas comunidades autónomas, la indemnización por extinción de contrato a determinados interinos, el canon digital determinando que incumplía la directiva europea de derechos de autor, los efectos de la nulidad de la cláusula suelo, la comisión de apertura de algunos contratos bancarios, los gastos hipotecarios y su reparto o la problemática acerca del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), entre otras.
Precisamente, según el informe, “de todos los Estados miembros, España copa el 43% de los casos hipotecarios que llegan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Uno de los pioneros en España en presentar cuestiones prejudiciales al TJUE relativos a hipotecas fue, en 1999 y en años posteriores, José María Fernández Seijo, magistrado juez de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, al que siguieron posteriormente otros jueces y magistrados.
Estas demandas reflejan, según el informe, que, en muchas ocasiones, los jueces no parecen secundar las decisiones del Tribunal Supremo y acuden a Luxemburgo cuando estiman que las decisiones del alto tribunal no responden a la mejor defensa del consumidor, “lo que evidencia que el TJUE se ha convertido en el Tribunal Supremo de facto de la UE, porque permite que el juez de primera instancia acuda a dicho Tribunal sin necesidad de pasar por el alto Tribunal español”.
