<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha advertido en Washington al Gobierno de Estados Unidos de que España y la UE se oponen, “por principio”, a la posible activación del Título III de la Ley Helms-Burton contra el régimen de Cuba.</strong></h4> El jefe de la diplomacia española se entrevistó ayer con el <strong>consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton</strong>, con quien abordó asuntos de interés común, como Venezuela, la situación en Europa y el <em>Brexit</em>, China, Rusia y el norte de África, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por su parte, Bolton informó a través de su cuenta de Twitter de que había discutido con el ministro sobre “cómo pueden España y Estados Unidos afrontar el empeoramiento de la crisis en Venezuela y la inestabilidad en el norte de África”. Tanto durante este encuentro como en el que mantuvo el lunes con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y el martes con dos congresistas de la Cámara de Representantes y del Senado (James Risch y Robert Menéndez), Borrell transmitió <strong>su “preocupación” ante una posible activación total del Título III de la Ley Helms-Burton</strong> (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act o Libertad Act), aprobada en 1996, “por las negativas consecuencias que esta medida tendría para los intereses españoles y de los socios europeos en Cuba, así como en las relaciones bilaterales entre países aliados”. Asimismo, el ministro –quien se encuentra en Washington para participar en las conmemoraciones del 70 aniversario de la OTAN- aseguró que, <strong>“al igual que el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea”, España rechaza firmemente, “como razón de principio”, la aplicación extraterritorial de leyes nacionales sancionadoras “por considerarla contraria al derecho internacional”.</strong> En todo caso, Borrell reafirmó el “inequívoco y decidido compromiso” de España en la defensa y la promoción de los Derechos Humanos y defendió el diálogo que mantiene la Unión Europea con Cuba en esta materia en el marco del vigente Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. Desde que fue aprobada la ley en 1996, el Título III –que permite a los ciudadanos de Estados Unidos presentar demandas en su propio país contra las confiscaciones o nacionalizaciones de sus propiedades en Cuba- ha permanecido suspendido de manera ininterrumpida por períodos renovables de seis meses, en virtud un acuerdo entre la UE y EEUU de 1998. No obstante, el pasado día 17 de enero, el Gobierno de Estados Unidos decidió suspender el Título III solo durante 45 días y el 4 de marzo decidió renovar dicha suspensión por otro período de 30 días, hasta el 17 de abril.
