<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La sede de las instituciones europeas en Madrid acogió ayer la presentación del libro</strong> <strong><a href="https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional"><em>El fenómeno migratorio en España</em>. <em>Reflexiones desde el ámbito de la Seguridad Nacional</em></a>, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno y en el que 45 expertos abordan cuestiones como los derechos humanos, la protección internacional, la integración de los inmigrantes, las fronteras exteriores o la lucha contra las redes de inmigración irregular.</strong></h4> Como no podía ser menos, el <strong>Pacto Mundial por una Migración Segura, Regular y Ordenada</strong> fue uno de los temas principales del acto, que fue presentado por <strong>la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, y el director adjunto de la representación de la Comisión Europea en Madrid, Jochen Mueller</strong>, y cerrado por el <strong>director del Departamento de Seguridad Nacional, el general Miguel Ángel Ballestero</strong>s. Los dos paneles fueron moderados por dos de los autores del libro, los periodistas Manuel Campo Vidal y Ángel Expósito. El Pacto Migratorio, un documento jurídicamente no vinculante que fue firmado el pasado 10 de noviembre en Marrakech por más de 150 Estados (entre ellos España), “es una respuesta necesaria, oportuna y coherente que la ONU ofrece a un fenómeno pluridimensional”, declaró Marisol Urrea, de la Universidad de La Rioja y una de las autoras. No obstante, según algunos de los expertos que participan en el libro, el Pacto también pone en evidencia muchas de las contradicciones a las que se enfrentan los Estados firmantes (incluida España) a la hora de gestionar el tema migratorio. Al respecto,<strong> Javier de Lucas, catedrático del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Valencia</strong>, advirtió de que el Pacto sólo admite las detenciones de inmigrantes “como último recurso”, lo cual choca no sólo con la actual Directiva de Retorno de la UE, sino incluso con los ocho Centros de Internamiento de Emigrantes (CIE) con que cuenta España y con los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, que han sido denunciados “por organizaciones internacionales”. En este sentido, <strong>Ruth Ferrero-Turrión, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales</strong>, admitió que existe una “incoherencia” entre el Pacto y su incumplimiento por parte de los países de la UE, una incoherencia que es el reflejo de una Unión en la que “los Estados tienen la última palabra en política de inmigración”. “La Directiva de Retorno de la UE sigue vigente y seguirá vigente hasta que no haya una mayoría en el Parlamento Europeo que permita lo contrario, lo cual parece poco probable”, advitió. “Necesitamos a Europa, pero la actual Europa nos lo pone muy complicado”, lamentó <strong>Markus González, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y director general de Inmigración del Gobierno entre 2010 y 2011</strong>. “La UE tiene unas políticas concretas muy limitadas y da muchísimo margen a los Estados miembros”, añadió. Por su parte, el <strong>jefe de la unidad de asilo de la Comisión Europea, Henrik Nielsen</strong>, aseguró que la política de Bruselas en esta materia tiene un “enfoque comprensivo integral con cuatro pilares: la prevención de inmigraciones irregulares, un sistema de asilo que funcione, protección de las fronteras y política exterior con países de origen y tránsito”. Respecto a este cuarto pilar, aseguró, “cuando en Bruselas se discute sobre cómo debe cooperar la UE con terceros países, siempre se pone como ejemplo la cooperación entre España y Marruecos”.
