<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto Ley con los planes de contingencia para hacer frente a la posible salida del Reino Unido de la UE sin un acuerdo de retirada.</strong></h4> El <a href="http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190301.aspx#Brexit"><strong>Real Decreto</strong></a> establece, “al igual que otros Estados Miembros de la Unión Europea”, una serie de medidas normativas nacionales para “hacer frente a las consecuencias de una retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo”, según informó el Consejo de Ministros. Una vez aprobado por el Gobierno, el Real Decreto deberá ser ratificado por la Diputación Permanente del Congreso, toda vez que las Cortes serán disueltas el próximo martes con motivo de las elecciones generales del 28 de abril. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, <strong>el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell</strong>, expresó su deseo de que el texto, que "tanto trabajo ha costado a 17 ministerios, sea finalmente inútil". Estas medidas, que completan las adoptadas por la Unión Europea, tendrán un “carácter temporal, dirigidas a facilitar el tránsito hacia la nueva situación derivada de la consideración del Reino Unido como un tercer Estado”, y “no pretenden establecer la relación futura con Reino Unido”, prosiguió el Consejo de Ministros. Con carácter general, las medidas se aplican también a los nacionales británicos y operadores económicos establecidos en <strong>Gibraltar</strong>. “Las medidas de contingencia en este ámbito buscan proteger los intereses españoles y, en particular los del Campo de Gibraltar”, añadió el Ejecutivo. “Son medidas de contingencia: unilaterales y temporales puesto que la relación futura se definirá una vez se produzca la salida de Reino Unido, teniendo en cuenta que cualquier actuación a nivel europeo deberá contar con el visto bueno de las autoridades españolas”, advirtió. <h5><strong>Derechos de ciudadanía</strong></h5> El Real Decreto, cuya aprobación había sido anunciada este pasado miércoles el presidente del Gobierno, <strong>Pedro Sánchez</strong>, en el Congreso de los Diputados, tiene dos objetivos principales: preservar los intereses de los ciudadanos, españoles y británicos, que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada, y preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos de España. Aparte, también incluye una serie de normas sobre cooperación policial y judicial. En lo que corresponde a la <strong>ciudadanía</strong>, el Real Decreto contiene medidas de contingencia en materia de residencia, trabajadores transfronterizos, acceso y ejercicio de profesiones y el empleo público, trabajadores desplazados, seguridad social, asistencia sanitaria y acceso a la universidad. El Real Decreto establece la transición al régimen general de extranjería de los nacionales británicos y sus familiares y garantiza que se mantendrá la residencia a los británicos registrados en España hasta el 31 de diciembre de 2020. España es el Estado miembro de la Unión Europea en el que residen un mayor número de nacionales del Reino Unido, más de 300.000 registrados y un número sin determinar de no registrados. Aparte, en el Reino Unido residen, al menos, 150.000 españoles. No obstante, el Gobierno calcula que este proceso “<strong>afectará en torno a 400.000 personas”,</strong> tanto los 300.000 ya registrados legalmente como los británicos cuya situación aún no ha sido formalizada y que prefieran hacerlo para evitar la desprotección tras el <em>Brexit</em>. Asimismo, el plan de contingencia regula el procedimiento para la emisión de una <strong>autorización de trabajo</strong> a los nacionales del Reino Unido que reúnan la condición de trabajadores fronterizos en España, lo cual “se condiciona a un tratamiento recíproco a los nacionales españoles por las autoridades británicas que garantice el mantenimiento de <strong>la actividad laboral especialmente en Gibraltar, donde diariamente se trasladan a trabajar 9.000 trabajadores españoles”.</strong> En materia de <strong>seguridad social</strong>, España seguirá abonando las pensiones contributivas y sus correspondientes revalorizaciones, aunque el beneficiario resida en Reino Unido. Además, para proteger a <strong>los 14.000 residentes en el Campo de Gibraltar (9.000 son españoles)</strong> que se desplazan diariamente a trabajar a Gibraltar, estos trabajadores trasfronterizos podrán acceder a las prestaciones por desempleo reconocidas por España por los periodos cotizados en Gibraltar antes y después de la fecha de retirada, sin que les sea requerido haber cotizado al sistema de seguridad social español por esta contingencia. El Real Decreto-ley establece también que trabajadores, pensionistas, turistas y estudiantes que tienen derecho a la <strong>asistencia sanitaria</strong> británica seguirán disfrutando de esta prestación en España durante un plazo determinado “siempre y cuando” el Reino Unido garantice estas mismas condiciones a aquellas personas que tengan derecho a recibir asistencia sanitaria en Reino Unido con cargo a España. Aparte, se mantendrá la condición de funcionarios a los británicos que la tuvieran en el momento del <em>Brexit</em> y se reconocerán cualificaciones educativas y profesionales. En cuanto a las actividades económicas, los planes de contingencia adoptan medidas en materia de servicios financieros, aduanas, contratación pública, autorizaciones y licencias: permisos de conducir, material de defensa y doble uso, armas y explosivos y transporte terrestre. <h5><strong>Acuerdo fiscal sobre Gibraltar</strong></h5> Por otra parte, Josep Borrell anunció en la misma rueda de prensa que el próximo lunes con Reino Unido el <strong>acuerdo fiscal sobre Gibraltar</strong> acordado con las autoridades británicas en el marco del <em>Brexi</em>t. Con esta firma, y con los cuatro memorándums de entendimiento firmados en noviembre, se cierra todo lo referente a Gibraltar, en el plano meramente bilateral entre Madrid y Londres, dentro de las negociaciones de la salida del Reino Unido de la UE.
