<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno ha asegurado que permanece “atento” ante cualquier actividad en Gibraltar que afecte a “la soberanía española sobre las aguas que rodean el Peñón”, como ocurre en el caso de un proyecto de viviendas puesto en marcha por las autoridades gibraltareñas que obligaría a comer terreno al mar.</strong></h4> El Ejecutivo respondió así a una <strong>pregunta parlamentaria de Ciudadanos en la que el diputado Fernando Maura </strong>aseguró que las autoridades de Gibraltar, ante “la imposibilidad de expandirse por tierra”, aprobaron hace más de un año un proyecto en virtud del cual ya se han puesto a la venta 665 viviendas de protección oficial. Concretamente, se trata del proyecto <a href="https://www.hassancentenaryterraces.gi/"><em>Hassan Centenary Terraces</em></a>, anunciado en junio de 2015 y recuperado más de dos años después por el Gobierno de Gibraltar. Este proyecto, según Maura, es <strong>“contrario a la legalidad internacional” porque “para levantar la torre más cercana al mar, las autoridades del Peñón tendrían que realizar rellenos al mar en aguas españolas”.</strong> Aparte, estas viviendas están <strong>subvencionadas por el Gobierno de Fabián Picardo y, “por tanto, las propias autoridades del Peñón son quienes están patrocinando esta violación de la legalidad internacional en detrimento de la soberanía de España</strong>”, denunció el diputado de Ciudadanos, quien recordó que, en julio de 2013, las autoridades gibraltareñas “lanzaron al agua setenta bloques de hormigón para intentar construir un arrecife artificial”, una acción que “provocó las protestas de las cofradías de pescadores de La Línea de la Concepción y Algeciras”. En su respuesta, el Gobierno aseguró que ya tenía “conocimiento” de este proyecto, por el que ya ha formulado “<strong>la correspondiente protesta” mediante una “Nota Verbal dirigida al Gobierno del Reino Unido con fecha de 19 de octubre de 2017</strong>”. España “no realiza gestiones formales con ninguna autoridad del Peñón, sino que éstas <strong>se formulan únicamente entre Estados soberanos, siendo Gibraltar un territorio no autónomo pendiente de descolonizar</strong>”, añadió. El Ejecutivo aseguró también que sigue perseverando “en la acción diplomática, tanto bilateral como multilateral”, concretamente Naciones Unidas y Unión Europea, “para expresar su protesta y reivindicar la soberanía española sobre las aguas”, de la misma forma que, “en el marco de los medios que proporciona la legalidad internacional y la práctica diplomática (...), ha realizado y realizará gestiones para frenar el apoyo que terceros puedan prestar al desarrollo de las obras”. “Las autoridades españolas continuarán recabando la información al respecto y utilizarán los medios legales a su alcance para intentar impedir cualquier tipo de construcción o desarrollo urbanístico en aguas ganadas ilegalmente al mar”, concluyó.
