<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno ha respondido con generalidades y con una mera declaración de intenciones a una pregunta parlamentaria del PP sobre el encarcelamiento en Marruecos de un abogado y dirigente opositor de nacionalidad española, concretamente el exministro de Derechos Humanos Mohamed Ziane, de 80 años.</strong></h4> Según el Grupo Parlamentario Popular, <strong>un tribunal de Rabat ratificó el pasado 21 de noviembre el encarcelamiento de Ziane, nacido en Málaga en 1943 y con doble nacionalidad española y marroquí. </strong>Por ello, los firmantes (Valentina Martínez Ferro, Pablo Hispán y José Antonio Bermúdez de Castro) preguntan al Gobierno sobre cuál es su información sobre este caso, si se ha brindado al exministro algún apoyo desde la Embajada, si se está siguiendo el proceso desde la Embajada en Rabat y qué comunicaciones oficiales ha habido entre los Gobiernos de España y Marruecos en relación con este caso. En su respuesta, <strong>el Gobierno se limitó a afirmar que “los Derechos Humanos son un principio rector de la política exterior del gobierno de España y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se defienden y promocionan en todos los países”. </strong>“Tanto en sus contactos bilaterales como en el marco del diálogo de la Unión Europea con los distintos Estados, España suscita las cuestiones relativas a los Derechos Humanos, de manera global y en los casos particulares”, concluye. <strong>El texto está fechado el pasado 30 de enero, justo en las vísperas de la celebración, en Rabat, de la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) hispano-marroquí desde 2015</strong>, con la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha querido escenificar la mejora de las relaciones bilaterales con Marruecos después de su inesperado volantazo a favor de la “marroquinidad” del Sáhara Occidental. <h5><strong>Mohamed Ziane</strong></h5> <strong>Mohamed Ziane, fundador y secretario general del opositor Partido Liberal Marroquí y ministro de Derechos Humanos con Abdellatif Filali (1994-1998), </strong>fue condenado en febrero de 2022 a tres años de prisión después de que el Ministerio del Interior le acusase de once cargos por “injurias a funcionarios públicos , ultraje a la justicia, adulterio, difamación, acoso sexual, propagación de informaciones falsas y calumniosas, ofensa a un alto funcionario del Estado, instigar a violar las medidas para evitar la propagación de la COVID-19, dar mal ejemplo a los niños, inmigración ilegal y atentado al honor y al sentido de autoridad”. El comunicado oficial del Gobierno destacó, especialmente, sus “ofensas a las instituciones del Estado con la difusión de acusaciones y denuncias falsas, sancionadas por el Código Penal”. El pasado 21 de noviembre, un tribunal de apelación confirmó la condena, solo un mes después de que Ziane denunciara, en declaraciones al portal digital español <em>El Independiente</em>, las prolongadas ausencias de Mohamed VI de Marruecos y su desatención a los asuntos del reino. “Un rey puede dirigir un país desde el extranjero cuando es un rey que no tiene poderes ejecutivos”, pero “cuando se tienen los poderes que tiene el rey Mohamed VI es difícil comprender que un responsable pueda (…) dirigir 40 millones de marroquíes desde el extranjero utilizando el zoom, como lo hacemos ahora, o el WhatsApp”, denunció. “Es una forma muy chula de gobernar un país que está a dos pasos de Europa y que tiene problemas con una frontera en Ceuta y Melilla, con la Unión Europea también”, prosiguió Ziane en su perfecto español con acento andaluz. Por ese motivo, el exministro reclamó en la entrevista la abdicación de Mohamed VI en favor del príncipe heredero Mulay Hassan, de 19 años. Precisamente, el monarca alauí no recibió a Pedro Sánchez durante la RAN de Rabat porque se encontraba de viaje en el extranjero. En la misma entrevista, Ziane denunció que “el poder en Marruecos está formado por personas fieles a un Estado que es más pasado que futuro”, afirmó que la reivindicación sobre Ceuta y Melilla es “algo del pasado” y criticó duramente a Abdellatif Hammouchi, el jefe de la Policía nacional (DGSN) y de los servicios secretos (DGST) de Marruecos. Mohamed Ziane es uno de los disidentes marroquíes afectados por la red de espionaje del Gobierno de Rabat a través de <em>Pegasus.</em> Mohamed Ziane fue detenido en su despacho profesional, en el centro de Rabat. El Comité Marroquí de Apoyo a los Presos de Opinión ha denunciado que su proceso de apelación se desarrolló sin que “tuviera ocasión de defenderse, y sin que fueran escuchados ni él ni sus abogados”, y que los agentes que se presentaron en su despacho no habían presentado ninguna orden formal de detención judicial. Como abogado, se ha significado por la defensa del periodista Taufic Buachrín, director del diario <em>Ajbar al Yaum</em>, condenado en 2018 a 15 años de cárcel por delitos de índole sexual (Ziane aseguró durante el proceso que estas acusaciones eran falsas y obedecían a causas políticas), y de los manifestantes del movimiento Hirak en el Rif (norte) entre 2016 y 2017. <strong>La respuesta parlamentaria del Gobierno se produjo en vísperas de la Reunión de Alto Nivel.</strong> Por esas mismas fechas, los eurodiputados socialistas españoles votaron en el Parlamento Europeo en contra de una resolución crítica con la situación de los derechos humanos en Marruecos, en nombre de la “responsabilidad y en pro de unas relaciones bilaterales francas basadas en el diálogo y el entendimiento”. Asimismo, varios partidos del arco parlamentario, desde PP a EH Bildu, se habían interesado en las Cortes Generales o en el Parlamento Europeo por el “acoso judicial” de Marruecos a Ignacio Cembrero, el periodista de <em>El Confidencial</em> que informó sobre la implicación de Rabat en el espionaje a los móviles de varios líderes españoles (entre ellos, Pedro Sánchez, el ministro de Agricultura y ex embajador en Rabat, Luis Planas; la anterior ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; y la ministra de Defensa, Margarita Robles), e incluso a su propio teléfono móvil personal, a través de <em>Pegasus</em>, una “patata caliente” que el Gobierno español también ha hecho todo lo posible para quitarse de encima para no enfadar a Rabat.
