Fernando Novo Lens
Experto en gestión del agua, sostenibilidad medioambiental y economía circular.
La Declaración conjunta del presidente de la República de Azerbaiyán, el primer ministro de la República de Armenia y el presidente de la Federación de Rusia, el 9 de noviembre de 2020, puso fin a 44 días de enfrentamiento por el control de la región de Nagorno -Karabaj, con un saldo aproximado de 6.500 víctimas mortales.
Dicha Declaración establecía que Azerbaiyán recuperaba la zona de Nagorno-Karabaj y que Armenia se retiraba de las zonas ocupadas y, entre otras cosas, se estipulaba que, en un plazo de tres años, ambos países debían acordar un plan para construir una nueva ruta en el corredor de Lachin que permitiera la circulación regular y sostenida de personas y mercancías.
Finalmente, en octubre de 2022 gracias a la mediación internacional, se volvió acordar un alto el fuego. En esta ocasión, Armenia y Azerbaiyán firmaron su compromiso y reconocimiento de la integridad territorial y soberanías respectivas. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev manifestó, además, que el pueblo armenio, al igual que los azerbaiyanos, podría sentirse seguro en los territorios de Azerbaiyán.
Pero esa integridad y soberanías no serán plenas en cuanto a su desarrollo sostenible mientras éste no sea de aplicación y cumplimiento en todos los territorios de Armenia y Azerbaiyán y aquí nos referimos a la preocupante situación en cuanto al respeto a los derechos humanos que la ONG europea “Freedom of conscience”, ha denunciado en la región de Nagorno-Karabaj.
Esta ONG fundada en 1995 y que tiene un estatus consultivo en Naciones Unidas, promueve la eliminación de todas las formas de discriminación de los derechos humanos que tienen como base las religiones o creencias de la persona. Y siguiendo esta línea de trabajo la ONG denunció, el pasado mes de diciembre de 2022, las agresiones a un residente en la ciudad de Stepanakert (en azerbaiyano, KhankendÍ) por el simple hecho de haber anunciado en su cuenta de Facebook una manifestación pacífica contra la gestión de la «administración de Nagorno Karabaj», en particular para cuestionar la política de confrontación que parece haber elegido Ruben Vardanyan, recién nombrado «ministro de Estado de Nagorno Karabaj». El señor Vardanyan es un multimillonario armenio-ruso que hizo su fortuna con sus negocios financieros y que mantiene estrechas relaciones con la cúpula de los oligarcas rusos.
Este tipo (o cualquier otro) de maltrato a la población suena, a todas luces, incongruente con el proyecto del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia que promulga la convivencia pacífica y el respeto mutuo como herramientas para disfrutar de una paz duradera y sostenible. El reciente “afincamiento” del empresario Ruben Vardanyan en la región de Karabaj de Azerbaiyán, y su rechazo a la nacionalidad rusa que poseía, no parece haber cambiado un ápice la política de continuidad de la explotación ilegal de los recursos naturales de Azerbaiyán y, en cambio, se han intensificado los actos dirigidos a la desestabilización.
Y si hablamos de sostenibilidad medioambiental en el territorio de Karabaj, no podemos dejar de mencionar el gran daño medioambiental que, con motivo de la explotación de un yacimiento de oro y de las minas de cobre, se está produciendo en la región por parte de las empresas del Grupo Vallex.
Preocupa, de hecho, a la comunidad internacional, el hecho de que a principios de diciembre de 2022, Vardanyan rechazara la petición del Gobierno de Azerbaiyán de realizar un seguimiento ambiental del yacimiento de oro y las minas de cobre explotadas en Karabaj por las empresas del grupo Vallex. También, el gobierno de Nagorno-Karabaj haya impedido que los expertos medioambientales visitasen el lugar de la mina de cobre que el grupo de empresas Vallex explota.
El grupo Vallex es un monopolio armenio de minería del cobre que algunas fuentes vinculan estrechamente al expresidente armenio, Serj Sarkissian y que ha explotado las minas de Karabaj durante la ocupación armenia y actualmente continúa haciéndolo alrededor de Khankendí, a pesar de que esta región es reconocida internacionalmente como territorio azerbaiyano. Este grupo está formado por numerosos grupos industriales que, según las informaciones, se han asociado a grupos militares armenios que participaron en las guerras contra Azerbaiyán y se aprovecharon de la ocupación para enriquecerse.
Además, la empresa Base Metals, integrante del Grupo Vallex (propiedad del empresario ruso-armenio Valeri Mejlumyan), y la ONG CAP Freedom of Conscience acusan a Vallex de «esconderse» detrás de la protección del VTB Bank, uno de los principales bancos de Rusia y propiedad del oligarca ruso Andrey Leonidovich Kostin, que ha sido sancionado por la UE por participar en la financiación de la invasión rusa de Ucrania. Anteriormente ya había sido sancionado por Estados Unidos (2018) y Canadá (2019).
En estas circunstancias, la carretera de Lachín ha sido utilizada indebidamente por Vallex para llevar a cabo el tráfico ilícito de minerales y otros recursos desde los territorios de Azerbaiyán, zona del despliegue del contingente ruso de mantenimiento de la paz. De hecho, de los 151 yacimientos minerales identificados en estos territorios antes de la ocupación, 52 sitios fueron explotados por primera vez en el período comprendido entre 1993 y 2020. Aparte de ser ilegal, esta actividad causa graves daños al medio ambiente, contaminando la zona y destruyendo el frágil ecosistema. Este daño medioambiental consiste, entre otros efectos dramáticos para el medio ambiente y las poblaciones que allí viven, en la contaminación de las aguas subterráneas, la deforestación a una escala importante y la contaminación del río cuyo cauce es el soporte vital de agua para el riego y para alimentar un embalse que de agua a la región.
En respuesta a estos graves daños en el ecosistema, desde hace más un mes, un grupo de ecoactivistas azerbaiyanos bloquea el corredor de Lachín en protesta contra el desarrollo ilegal de unas minas de Kashen y Drombon, cuyas derechos de explotación fueron cedidos a la compañía británica Anglo Asian Mining (que explota minas de oro, plata y cobre) en julio del año pasado.
Armenia ha interpretado la ecoprotesta como una acción de desestabilización, iniciada por Azerbaiyán. Sin embargo, los videos compartidos en las redes sociales confirman el paso sin impedimento de los distintos tipos de vehículos, incluidas ambulancias y convoyes humanitarios. Tampoco existe impedimento en cuanto al suministro de mercancías.
El Grupo Vallex debería trabajar para evitar los enormes daños medioambientales que está infringiendo su lucrativa actividad en esta zona, así como respetar los derechos humanos de quienes allí trabajan y viven. Y esto es perfectamente posible, no solo porque sus máximos ejecutivos, Valeriy Mellumyan y Artur Mkrtumyan, tienen capacidad y poder para ello sino porque desde el punto de vista financiero (entre 1999 y 2017 el Grupo Vallex, obtuvo unos beneficios de 177,5 millones de dólares provenientes de sus explotaciones de metales preciosos en la zona de Nagorno-Karabaj) también es posible.
Los beneficios industriales deberían ser perfectamente compatibles con el desarrollo sostenible, con el cuidado del medio ambiente y estas acciones que degradan los escenarios medioambientales y menoscaban la dignidad de las personas no parecen ser la política más acertada si se quiere tener un desarrollo sostenible en todos los aspectos, así como llevar a la región de Nagorno-Karabaj a unas cotas más altas de crecimiento social.
Por consiguiente, sería un magnífico comienzo que para poder alcanzar un estado del bienestar, el recién nombrado ministro de Estado de Artsakh, (Nagorno-Karabaj), Ruben Vardanyan, de la misma manera que ha recibido reconocimientos varios por su desempeño como hombre de negocios y ha desarrollado labores filantrópicas apoyando a Museos, Orquestas Nacionales o llevado a cabo reconstrucción de Iglesias, se interesase por estas cuestiones de los derechos humanos y el medio ambiente que tan trágicas consecuencias están trayendo para la zona en la que él gobierna. Crear lazos de cooperación y entendimiento con el gobierno legítimo de Azerbaiyán, acabar con el bloqueo de la región, trabajar para restaurar el daño medioambiental y sus futuras consecuencias en las generaciones venideras.
Azerbaiyán y Armenia pueden estar unidas por la voluntad de desarrollo de sus gentes y por la ocasión de aprovechar unas oportunidades que se les presentan en cuanto a la sostenibilidad, en sus diversas implicaciones. Esa sostenibilidad concretada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara a 2030, puede llevar a que ambos países (sus situaciones de partida son diferentes pero el potencial de crecimiento en ambos casos es claro), cada uno en su medida, puedan alcanzar un desarrollo económico, medioambiental y social, un desarrollo con todo el respeto a los derechos humanos y a la dignidad que toda persona merece en nuestra “casa común”.
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