Foto: AECID
The Diplomat. 23/08/2018
La Coordinadora de ONGD de España ha alertado del aumento de las crisis humanitarias en el mundo y de la persecución y la criminalización de las personas que se dedican a las tareas humanitarias, “como las entidades de rescate de personas migrantes”, al tiempo que ha reclamado a España que incremente la partida presupuestaria destinada a estas labores.
La ayuda humanitaria española representa 19 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado 2018, tan solo dos millones más que el año anterior, según afirmó la Coordinadora con motivo de la celebración, este pasado domingo, del Día Internacional de la Acción humanitaria, creado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2008.
Hace 10 años, los fondos destinados a esta partida eran 350 millones, prosiguió. Por ello, las ONGD exigen que España destine a la acción humanitaria como mínimo el 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo, que a su vez debería ascender hasta el 0,4% de la Renta Nacional Bruta al final de esta legislatura.
De acuerdo con los datos de la ONU, citados por la Coordinadora, unas 136 millones de personas necesitan asistencia y protección humanitaria en el mundo, un 5% más que en 2017. Asimismo, en 2017 se registraron 158 incidentes violentos de gravedad contra operaciones humanitarias en 22 países.
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Denuncian la muerte de migrantes en el Mediterráneo tras el cierre de puertos italianos y la cesión del rescate a Libia
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Estos ataques afectaron a 313 trabajadores humanitarios, 139 de los cuales fallecieron. Se trata de la segunda cifra más alta desde 2013, cuando fueron asesinados 156. Entre las víctimas, la mayoría era personal local (285 nacionales y 28 expatriados).
Aparte, más de 44.500 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas cada día en 2017. Como consecuencia de ello, la cifra de desplazados forzosos en el mundo ha alcanzado la cifra de 68,5 millones, un aumento del 50% respecto a hace diez años, de acuerdo con los datos de ACNUR.
En estas circunstancias, más de 1.500 personas han muerto ahogadas en el Mediterráneo en lo que va de 2018, pese a que el número de llegadas ha descendido a casi la mitad. Entre junio y julio, perdieron la vida al menos 851 personas en las aguas del Mediterráneo Central, el 80% de todos los fallecimientos registrados en esta ruta.
Estas cifras han coincidido con el cierre de los puertos italianos y la decisión de la Unión Europea de ceder la coordinación de los rescates a los guardacostas libios. Por ello, la Coordinadora ha reclamado a la UE y sus Estados que cumplan los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y asuman “la tarea de rescate y acogida de las personas migrantes”, y que pongan fin “a los acuerdos de externalización de fronteras con terceros países, especialmente con aquellos en los que hay constancia de graves violaciones de los derechos humanos”.
