Las sanciones pueden afectar a cualquier empresa aunque no tenga relación con Estados Unidos.
The Diplomat. 07/08/2018
El Gobierno español expresó ayer su «preocupación» por la decisión de Estados Unidos de reactivar un conjunto de sanciones contra Irán, tras la decisión de Washington de retirarse del acuerdo nuclear. En un comunicado, el Ejecutivo defiende ese acuerdo por «su contribución a la no proliferación y a la seguridad regional e internacional» y considera que la “colaboración constructiva y sincera de las autoridades iraníes es clave para la resolución de los diferentes conflictos regionales y la paz en la región».
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en mayo que su país abandonaba el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que firmaron en 2015 el Grupo 5+1 e Irán y por el que se dejaban en suspenso la mayor parte de las sanciones sufridas por este último país a causa de su programa nuclear y de misiles balísticos.
Esta decisión de Washington tuvo como consecuencia, entre otras muchas, la introducción de las llamdas ‘secondary sanctions’, es decir, aquellas que afectan a quien no tiene nacionalidad norteamericana ni ningún vínculo con Estados Unidos. Por ejemplo, las ‘secondary sanctions’ pueden afectar a un empresario español que tiene sus fábricas en España e invierte e Irán o comercia con una determinada empresa de este país.
Mientras Estados Unidos sigue aplicando el PAIC, las ‘secondary sanctions’ se centran fundamentalmente en dos importantes aspectos: no está permitido usar el sistema financiero norteamericano en transacciones con Irán y no se puede exportar a Irán productos o tecnologías que incorporen componentes norteamericanos que superen el 10% de su valor.
Pero esta situación ha empeorado sustancialmente desde ayer, 90 días después del 8 de mayo, ya que se reintroducirán las sanciones relacionadas con la adquisición de dólares por el Gobierno de Irán; el comercio de oro o metales preciosos con Irán; o el suministro o adquisición directa o indirectamente por parte de Irán de grafito, metales en bruto o semiterminados, como aluminio y acero, carbón y software para integrar procesos industriales.
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Entran en vigor el grueso de las medidas adoptadas por la Administración Trump
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Las sanciones norteamericanas también afectarán desde hoy a las transacciones significativas relacionadas con la compra o venta de riales iranís, o el mantenimiento de fondos o cuentas importantes fuera del territorio de Irán denominadas en rial iraní; así como a la compra, subscripción o facilitación de la emisión de deuda soberana iraní y al sector iraní de la automoción.
La tercera ronda de sanciones estadounidenses llegarán el 4 de noviembre, 180 días después de la firma de Trump, con sanciones a las transacciones realizadas con operadores portuarios, navieras y constructores navales de Irán; a las transacciones relacionadas con el petróleo y realizadas con las principales empresas petroleras iranís, incluyendo la compra de petróleo, productos petrolíferos y productos petroquímicos de Irán; así como a las realizadas por instituciones financieras extranjeras con el Banco Central de Irán y otras instituciones financieras de dicho país específicamente designadas.
Washington también perseguirá la prestación de servicios especializados de mensajería financiera para el Banco Central de Irán y otras instituciones financieras iranís específicamente designadas; la prestación de servicios de seguro y reaseguro y aplicará sanciones a partir de esa fecha al sector energético iraní.
A esto hay que sumar que, no más tarde del 5 de noviembre de 2018, se reintroducirán sanciones a determinadas personas físicas y jurídicas incluidas en la List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN List), lo que podría implicar la imposición de sanciones.
Estas sanciones, que pueden afectar a cualquier empresa aunque no tenga ninguna relación con Estados Unidos, deben ser tenidas en cuenta por cualquier empresa española a la hora de operar con Irán debido a sus potenciales consecuencias.
Esta situación no solo preocupa a la Unión Europea, sino también a muchos terceros países que tienen relaciones comerciales o inversoras con Irán y que ahora están “seriamente inquietos por el panorama que se dibuja”, según un informe de Lupicinio Abogados.
