La Gran Sala de Vistas del TJUE./ Foto: G. Fessy/TJUE
Eduardo González. 19/07/2018
España encabezaba, a finales de 2017, la lista de los países de la UE con más casos abiertos por incumplimiento de las normativas europeas, según revela un informe de la Comisión.
De acuerdo con el Informe anual de la Comisión Europea, que monitoriza el cumplimiento del Derecho de la UE, en 2017 se incoaron 716 nuevos procedimientos de infracción, lo que representa una disminución del 27% en comparación con los 986 procedimientos de infracción incoados en 2016. Un total de 558 procedimientos nuevos correspondieron a infracciones por transposición tardía de las normativas europeas.
En el caso de España, el año pasado se incoaron 27 nuevos procedimientos de infracción, lo que sitúa a nuestro país en decimotercera posición de la lista de 28 países de la UE. Un total de 16 de estos procedimientos correspondieron a por transposición tardía. España figura, en este aspecto, en la vigésima posición. Por tanto, los datos correspondientes a 2017 no son especialmente negativos para España. En cambio, el capítulo en el que nuestro país está peor situado es el de los procedimientos acumulados desde años anteriores.
Según el informe, a finales de 2017 había, en total, 1.559 procedimientos de infracción incoados en toda la UE, lo que representa una disminución del 6% en comparación con los 1.657 procedimientos de 2016.
España figura a la cabeza de esta lista, con 93 casos abiertos, de los cuales 32 corresponden a infracciones por transposición tardía de directivas europeas y los 61 restantes a infracciones por transposición incorrecta o mala aplicación del Derecho de la UE (España es la primera de la lista también en este tipo de infracciones).
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Nuestro país sigue a la cabeza en la transposición incorrecta o la mala aplicación de normas europeas
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El pasado mes de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un plan de acción para garantizar, a lo largo de 2018, la transposición de las directivas comunitarias. La Comisión Europea endureció en 2017 el riesgo de sanciones económicas por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para los Estados que incumplan los plazos, lo que se ha traducido en el descenso global de procedimientos en toda la Unión.
Según el Ejecutivo –por entonces presidido por Mariano Rajoy-, España había cumplido tradicionalmente con los objetivos de transposición establecidos por el Consejo Europeo, pero “durante los años 2016 y 2017 el ritmo de transposición de directivas se ralentizó”. En el momento de la aprobación del plan había “un total de 23 directivas en riesgo de multa debido al retraso acumulado en la transposición”.
Precisamente, según el informe de la Comisión, España fue uno de los cinco Estados (los otros son Bélgica, Croacia, Eslovaquia y Eslovenia) denunciados en 2017 ante el TJUE para la imposición de sanciones económicas. Concretamente, el Tribunal condenó a nuestro país a pagar tres millones de euros por incumplir una sentencia del Tribunal de 2014 sobre la libertad de establecimiento en los puertos españoles. Aparte, según el documento, España no ha cumplido las obligaciones correspondientes a la directiva marco sobre residuos, en relación con el funcionamiento de 61 vertederos ilegales de residuos.
