Enrique Miguel Sánchez Motos
Administrador Civil del Estado
Imagínese Ud. que la democracia en España se limitara a reconocer que los ciudadanos tienen derecho a “participar en las actividades, en los órganos de gobierno y representación, ejercer el derecho de voto, ser electores y elegibles, ser informados acerca de la composición de los órganos directivos, de las decisiones adoptadas, las actividades realizadas y la situación económica” ¿Sería eso suficiente garantía de que España es una democracia?
Esos derechos los tienen los cubanos, los ciudadanos de la antigua URSS, los de la China comunista, los de la Alemania nazi y los de cualquier dictadura del siglo XX. Ahora bien, esos derechos no son nada si no pueden hacerse efectivos mediante un marco jurídico político que los garantice. Pues bien, esos son los escuetos derechos que la vigente Ley de Partidos de 2002, garantiza en su artículo 8 a los afiliados de todo partido político. Por el contrario, la Constitución reconoce, en sus artículos 14 al 38, una amplia y detallada lista de los Derechos y Libertades de los ciudadanos, sin los cuales la democracia real es imposible. La clave de toda democracia está en la firmeza con la que se reconoce la libertad de expresión y opinión de los ciudadanos. Pero no basta con reconocerla, es necesario garantizarla para evitar que se impida de hecho su ejercicio, como pasa en Cuba y China, o pasaba en la URSS, Alemania nazi y en todas las demás dictaduras que en el mundo han sido.
¿Cuál es el instrumento clave garante de la democracia política? La Constitución lo establece en su artículo 6: “Los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos” ¿Se reconocería como democrático a un país en el que no se permita la existencia de partidos políticos? La respuesta es un NO rotundo. Por consiguiente, la democracia requiere, como mínimo, libertad de expresión y de creación de partidos políticos.
En el marco actual de los partidos ¿qué camino le queda al militante que discrepa en temas profundos de la posición del partido? No puede crear corrientes de opinión. No puede organizarse para presentar objeciones ante errores claves de su partido. ¿Cabe pensar acaso que no haya habido militantes, e incluso diputados y senadores del PP, que no hayan discrepado radicalmente del uso que hizo Rajoy del 155? Pero eso no se manifestaba fuera y, probablemente, muy poco dentro. No había libertad real.
La Ley de Partidos debería ayudar a la participación de los afiliados, desarrollando el mandato constitucional de que la estructura interna y funcionamiento de los partidos deben ser democráticos. Es evidente que lo que debe constar es la realidad del voto de los ciudadanos en las elecciones, pero a los partidos se les financia, entre otras cosas, para que formen y manifiesten la voluntad popular. Si no lo hacen, alguna Agencia, la de Transparencia, u otra, deberían frenar los pagos que con cargo al erario público se les hacen. Hay que tomar medidas que redundarán en beneficio de la política española y de los propios políticos que muchas veces son señalados como alguien que calla para seguir recibiendo sus prebendas y futuras pensiones. El siglo XXI necesita una mejora de la política. España se encuentra ante problemas específicos muy graves como son el separatismo y la desigualdad entre los territorios. Deben afrontarse con urgencia y firmeza. La foto de los políticos que opten por quedarse quietos puede quedarse amarilla muy pronto.
06/07/2018. © Todos los derechos reservados
