Imagen de Raül Romeva en el Parlamento catalán.
The Diplomat. 03/03/2018
El Gobierno de Mariano Rajoy calcula que la Consejería catalana de Asuntos Exteriores que dirigía Raül Romeva destinó en 2017 alrededor de 29 millones de euros a actividades relacionadas con la internacionalización del proceso independentista catalán, casi la mitad de los 64 millones de euros de presupuesto que tuvo el año pasado.
Según fuentes oficiales, solo 35 millones de ese presupuesto pueden justificarse como gastos corrientes de una Consejería que, además, había visto incrementado sus fondos desde que en 2011, su presupuesto ascendía a unos 11 millones de euros.
El Gobierno encontró bastante resistencia a la hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución a esta Consejería. El diplomático enviado a Barcelona por Exteriores tras la aplicación del citado artículo, Juan Fernández Trigo, llegó a tener que disponer de protección policial después de haber sufrido insultos y acoso en la calle.
Tras el cierre de las 11 de las 12 delegaciones de Cataluña que funcionaban como embajadas políticas y el cese del delegado en Bruselas -precisamente, esta es la única delegación que quedó abierta-, ahora solo queda pendiente la liquidación del Consorcio de Diplomacia Pública catalán, conocido como Diplocat, que debe hacerse antes del 15 de abril, tal como prevé el real decreto sobre su liquidación, donde se estipulaba un plazo de cuatro meses.
La liquidación de Diplocat seguirá adelante aunque antes de esa fecha haya un nuevo Gobierno regional en Cataluña, porque ese real decreto es de obligado cumplimiento y la comisión liquidadora nombrada por el Consejo de Ministros debe terminar su tarea.
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La disolución de Diplocat se realizará antes del 15 de abril, según lo previsto por el Gobierno
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La disolución de Diplocat está pendiente de que se resuelva el expediente de regulación de empleo, que afecta a 38 personas -ninguno de ellos funcionario- y de la denuncia el contrato de alquiler, que está vigente hasta fin de año, para poder concluirlo en abril. Diplocat paga 4.960 euros al mes por una sede de 230 metros cuadrados en el número 420 de la Avenida Diagonal de Barcelona.
Fuentes oficiales insistieron en que el Gobierno está queriendo ser muy escrupuloso en la aplicación del 155 y no ha querido hacer una intervención invasiva, hasta el punto de hacer solo lo recogido en los decretos. Así ocurrió, por ejemplo, con la subvención a los 62 ‘Casals’ catalanes repartidos por el mundo -incluidos uno en Madrid y otro en Sevilla-, que asciende a un millón de euros.
El Gobierno estaba dispuesto a mantener la subvención para las actividades que consideraba legales, y que cifró en 635.000 euros, pero el Consejo de Gobierno catalán se negó a anular esas actividades, así que toda la partida fue suprimida.
Lo mismo sucedió con los trabajadores de las oficinas en el exterior, 34 personas a las que el Gobierno central pidió que se les buscase una recolocación en sedes que no han sufrido cambios -como la red de oficinas comerciales Acció o el Instituto Ramon Llull-, pero los responsables de la Conselleria que dirigió Romeva se negaron y finalmente fueron despedidos.
En el cierre de esas oficinas el Gobierno se ha topado también con otro problema, y es que algunos contratos de alquiler tenían cláusulas que obligan a indemnizar a los propietarios por rescindirlo con importes equivalentes a hasta cuatro años. Aunque se están renegociando, las fuentes admiten que habrá que pagar indemnizaciones de hasta 60.000 euros.
