<span style="font-size: small;">El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.</span> <span style="font-size: small;"><strong>The Diplomat.</strong> 31/01/2018</span> <strong><span style="font-size: medium;">El Gobierno venezolano lleva desde enero de 2016 sin abonar las pensiones de los más de 7.000 ciudadanos residentes en España. En la mayoría de los casos, los afectados cuentan con una pensión española pero no les alcanza para tener la mínima.</span></strong> Precisamente, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, dirigió esta semana un escrito a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para intentar buscar una solución a la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentra este colectivo. La mayoría de estas personas carecen de otros recursos económicos para su subsistencia. El Defensor consideró que en estos casos deben eliminarse las trabas que existen para el reconocimiento y concesión de complementos a mínimos de pensiones y otras prestaciones asistenciales mientras continúe el impago por parte de Venezuela. Fernández Marugán formuló el pasado mes de noviembre tres recomendaciones a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para intentar solventar la situación de este colectivo. Así, recomendó que no se computaran como ingreso de los interesados el importe de las pensiones no abonadas por las autoridades venezolanas, para que pueda reconocerse su derecho al cobro de complemento a mínimos de sus pensiones españolas u otras prestaciones de carácter no contributivo o asistencial, cuando se constate que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas vitales. Todo ello, sin perjuicio de que pueda exigirse su reintegro en el supuesto de que Venezuela reanudara los pagos con abono de los correspondientes atrasos. También solicitó revocar todos los actos o resoluciones derivados de los expedientes de reintegro de prestaciones por cobro indebido de complemento a mínimos por residencia y aquellos en los que se procedió a la reducción del importe de dicho complemento en los ejercicios 2016 y 2017, en los que Venezuela no realizó ningún ingreso de pensiones a sus beneficiarios. [hr style="single"] <span style="font-size: x-large;">Caracas no participa en foros sobre la Seguridad Social, lo que impide que España adelante los pagos</span> [hr style="single"] Por último, pidió que se aceptara como prueba del impago de las pensiones la declaración responsable de los interesados y el reconocimiento de deuda que adquieren con la Seguridad Social española por la concesión de prestaciones para evitar situaciones de pobreza y exclusión social. Sin embargo, el Gobierno rechazó las recomendaciones. Venezuela y España firmaron en mayo de 1988 un <strong>convenio bilateral</strong> por el que cada Estado se compromete a hacerse cargo en su país de las pensiones de jubilación de los residentes de otro país. No obstante, la solución de este problema se ha vuelto particularmente difícil a causa del “<strong>deterioro de la situación económica y la inflación en Venezuela”</strong>, en palabras del secretario de Estado para Iberoamérica, Fernando García-Casas, a lo que se une el hecho de que Caracas <strong>“no participa en ningún foro internacional sobre Seguridad Social”</strong> y de que, por motivos legales,<strong> el Gobierno español no puede adelantar provisionalmente el pago de las pensiones.</strong>
