Alejandro Jódar
La semana pasada tuvimos conocimiento de la cifra de paro relativa al mes de diciembre de 2017: 61.500 desempleados menos y una de las mayores subidas en la afiliación de los últimos años. Con este dato, el paro se sitúa en los 3,4 millones al acabar el ejercicio, lo que confirma que la creación de empleo sigue en aumento o al menos se mantiene. Este crecimiento supone que más de 600.000 personas han encontrado un puesto de trabajo en los últimos 12 meses.
Los datos son positivos y confirman que la última reforma laboral ha mejorado el empleo, pero la actual tasa de paro del 16´7% sigue siendo muy alta -especialmente por los más jóvenes y los parados de larga duración- y el objetivo de alcanzar el pleno empleo -entre el 6 y el 8% si descontamos toda la economía sumergida- sigue estando aún en un horizonte muy lejano.
Las fórmulas aplicadas hasta la fecha han contribuido a paliar la sangría, pero son claramente insuficientes. Los elevados costes a la hora de contratar y al extinguir las relaciones laborales, las subvenciones o las bonificaciones sin el más mínimo valor, el aumento de impuestos, la creación de puestos públicos y el crecimiento de la deuda son un obstáculo para la creación de empleo.
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«La solución a nuestro desempleo no reside en soluciones intervencionistas»
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La solución a nuestro desempleo no reside en soluciones intervencionistas y lesivas para la actividad económica como, por ejemplo, el actual sistema impositivo y el incremento del salario mínimo interprofesional, que dificultan severamente la entrada en el mercado laboral de los más jóvenes y favorecen la contratación a tiempo parcial.
Si queremos aspirar al pleno empleo es necesario:
- Liberalizar el mercado de trabajo y apostar por la intermediación profesional. La intermediación del Servicio Público de Empleo (SEPE) representa solo un 1,7% y se multiplica por diez en el caso de las agencias de empleo privadas, que tienen un mejor conocimiento de la demanda laboral, al estar en constante contacto con las empresas y con los trabajadores.
- Reformar el sistema fiscal, de modo que contribuya a la modernización de la economía española y no ralentice su crecimiento, empezando por una reducción de las cotizaciones sociales.
- Unidad de mercado real. A pesar de la aprobación de la Ley de garantía de unidad de mercado, el mecanismo de cooperación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales que establece la ley es insuficiente y desincentiva la inversión y, por tanto, la creación de empleo.
- Educación. La educación es una política capital para los trabajadores del mañana que se enfrentan a nuevos retos, como es el caso de la digitalización de la economía o la robotización del trabajo: urge una reforma integral en el ámbito de la denominada educación por competencias, eliminando el skill gap o brecha entre la oferta proporcionada por las instituciones educativas y los perfiles demandados por las empresas.
En definitiva, una legislación que apueste por la creación de empleo, o más bien que no la entorpezca, y la aplicación de estas medidas liberalizadoras permitiría mayores avances y traería consigo el afloramiento de un gran número de puestos de trabajo que se desarrollan bajo la economía sumergida. Un mercado más libre abriría nuevos horizontes, especialmente en el ámbito de las contrataciones, a todo tipo de trabajadores y colectivos, a empresas, a inversores y a desempleados.
Este artículo ha sido publicada en Red Floridablanca
