<span style="font-size: small;">El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda./ Foto: <strong>Congreso TV</strong></span> <span style="font-size: small;"><strong>The DIplomat.</strong> 28/12/2017</span> <strong><span style="font-size: medium;">La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó ayer una iniciativa del PP para que este órgano fiscalice la acción exterior de la Generalitat de Cataluña entre 2011 y 2017 y determine qué destino se ha dado a todos los recursos asignados a estas políticas, entre las que se incluyen las distintas 'embajadas' y el Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat), que el Gobierno central liquidó la semana pasada bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución.</span></strong> El diputado Jordi Roca (PP) censuró que Cataluña sea la región española más endeudada y que tras “todo el despilfarro de dinero público” en el llamado procés, al final “el éxito en cuanto al reconocimiento internacional de la declaración unilateral de independencia se resuma en dos palabras: ni Andorra”. La votación contó con 28 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención. El PP recalcó en el texto de su iniciativa que desde 2012 Cataluña ha sido la comunidad que más ayuda ha recibido a través de los distintos mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado para poder garantizar la prestación de servicios públicos básicos a los ciudadanos. En concreto, cifró esos fondos en 70.709,9 millones, el 30,62% de total destinado al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). También destacó que, según el propio Tribunal de Cuentas, entre 2001 y 2014, Cataluña copó la mitad de las delegaciones, sedes u oficinas de representación de las comunidades autónomas en el exterior, y que el coste total de esta actividad ascendió a 79,06 millones de euros. En 2012, Exteriores impulsó la suscripción de protocolos generales de colaboración entre el Ministerio y las autonomías para que las delegaciones autonómicas se integrasen en las delegaciones diplomáticas españolas, con el objetivo de reducir duplicidades y costes, pero Cataluña siguió operando de forma autónoma. [hr style="single"] <span style="font-size: x-large;">Cataluña llegó a contar con unas 70 oficinas repartidas por todo el mundo hasta la aplicación del artículo 155</span> [hr style="single"] El PP aseguró que en los últimos años y, especialmente, este 2017 se ha detectado un incremento del presupuesto en la acción exterior de la Generalitat, que ha coincidido con la intención de internacionalizar "la causa secesionista". Así, Cataluña llegó a contar con unas 70 oficinas repartidas por todo el mundo, muchas de las cuales fueron cerradas por el Gobierno central en el primer mes de aplicación del artículo 155. Para los populares resulta "más que justificado" que, ante la situación de apoyo financiero prestado por el Estado para poder garantizar la prestación de servicios públicos básicos y "ante la situación de escasez de recursos", el Tribunal de Cuentas fiscalice los fondos destinados a la acción exterior catalana para determinar si se han utilizado "conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia".
