El Parlamento catalán durante el debate./ Foto: @parlament_cat
The Diplomat. 07/09/2017
El Ejecutivo de Mariano Rajoy reaccionó ayer con firmeza a la decisión del Parlamento catalán de aprobar la Ley de Referéndum propuesta por el Gobierno de la Generalitat y sus socios de la CUP para avanzar hacia la independencia de Cataluña.
El presidente del Gobierno ha presentado un incidente de ejecución de sentencia contra los acuerdos que permitieron la tramitación de la ley de referéndum en el Parlamento de Cataluña en el que se pide al Tribunal Constitucional que no se limite a una «mera declaración de nulidad» de los actos impugnados e incluye «todas aquellas medidas que sean necesarias para evitar la continuación de la vía de hecho del Parlamento de Cataluña en el llamado proceso de secesión de Cataluña».
Aparte, según anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo ha reclamado que se actúe por presunto delito penal contra la Mesa del Parlamento autonómico, incluida la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell. La Fiscalía Superior de Cataluña también anunció ayer su intención de presentar una querella por los delitos de desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa por admitir a trámite de la Ley de Referéndum.
Por otra parte, Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reunieron ayer para hablar sobre la situación en Cataluña y volverán a hacer lo hoy en Moncloa.
La votación de la ley, que fue aprobada con 72 votos da favor, 11 abstenciones y ninguno en contra (y con 83 diputados presentes), fue posible después de que Junts pel Sí y la CUP modificaran el orden del día del pleno para incluir por vía de urgencia la aprobación de la ley que pretende dar legitimidad al referéndum del 1 de octubre. El PSC y el PP han anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y PP, PSC y Ciudadanos se ausentaron durante la votación como protesta por la falta de garantías.
El Consejo de Garantías Estatutarias había dado la razón a la oposición y recordado a Forcadell que la Mesa tiene la obligación de tramitar las peticiones de informes sobre la legalidad de las leyes que se presentan en la Cámara. No obstante, la Mesa decidió desoír al Consejo y seguir adelante con la tramitación, el debate y la votación de la ley.
