Portada del informe./ Foto: CEAR
Eduardo González. 18/08/2017
España registró en 2016 el mayor número de solicitudes de asilo en más de 30 años, pero sólo reconoció como refugiados al 3,4% de los solicitantes, un porcentaje muy inferior al de países como Francia o Alemania, según se desprende del último Informe Anual del CEAR, en el que se reclama “un pacto de Estado por el derecho al asilo” que convierta a España en” un verdadero país de acogida”.
Según el Informe Anual 2017 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), titulado Las personas refugiadas en España y Europa, el año pasado se registró en nuestro país un total de 15.755 solicitudes de protección internacional desde la aprobación de la primera Ley de Asilo española en 1984.
Esta cifra supone, además, un incremento en 874 casos (un 5,5%) respecto a 2015, el año de la gran crisis mundial de refugiados. Pese a ello, lamentó CEAR, España, “un año más, atendió a un porcentaje mínimo, el 1%, de las personas que pidieron asilo en la UE”.
En total, las autoridades españolas concedieron alguna forma de protección internacional a 6.855 personas en 2016, según los datos de Eurostat, lo que también supone un récord en la serie histórica. No obstante, sólo se reconoció como refugiadas a 355 personas, la mayor parte originarias de Siria, Pakistán, Eritrea y Palestina. “Se trata apenas del 3,4% de las personas afectadas por las solicitudes resueltas, un porcentaje muy distante de los de Alemania (41%) o Francia (21%)”, se lee en el informe.
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Venezuela fue, por primera vez, el país de origen con mayor número de solicitantes, seguida de Siria y Ucrania
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En 2016, según el estudio, por primera vez fue Venezuela el país de origen con mayor número de solicitantes de asilo en España, con 3.960, seguida de Siria (2.975), Ucrania (2.570), Argelia (740), Colombia (615), El Salvador (425), Honduras (385), Palestina (355), Marruecos (340) y Nigeria (285).
El informe de CEAR lamenta también los continuos cambios de criterio en el acceso al procedimiento de asilo en España, lo cual “generó una gran inseguridad jurídica y un perjuicio a las personas solicitantes de protección internacional, porque su periodo de retención en los puestos fronterizos y en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se vio prolongado mientras se resolvía la admisión a trámite de su solicitud”.
Asimismo, advierte de que el año pasado descendió “de manera sensible” el número de personas que pidieron asilo en Ceuta (apenas 220) y Melilla (2.440), al tiempo que denuncia la persistencia de las devoluciones en caliente en la Frontera Sur.
Al respecto, el documento de CEAR recuerda que la entonces Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, advirtió el año pasado en su Informe Anual de que los Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social) de estas ciudades autónomas no pueden ser considerados un “recurso adecuado para alojar y atender a los solicitantes de asilo”.
En otro informe posterior, CEAR denunció que las autoridades españolas no habían reconocido como tales a posibles menores de edad no acompañados que habían solicitado asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, “incumpliendo las obligaciones legales nacionales e internacionales”.
A raíz de siete quejas de CEAR, el Defensor del Pueblo (en la línea de sus recomendaciones anteriores) ha instado finalmente a la Fiscalía del Estado a que se aplique la presunción de minoría de edad en las solicitudes de protección internacional en aeropuertos cuando haya dudas sobre la misma. Más de 63.000 menores no acompañados solicitaron protección internacional en Europa el año pasado, de los cuales tan solo 30 lo hicieron en España, según datos de Eurostat.
