Foto: AECID
Eduardo González. 31/07/2017
La inestabilidad laboral de los trabajadores de las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC), la escasa profesionalidad en los ámbitos de decisión de la Cooperación Española y la creciente vinculación entre la ayuda al desarrollo y los intereses comerciales son algunos de los problemas denunciados por el personal laboral de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID).
“Los que trabajan en las OTC no tienen ninguna estabilidad laboral ni ningún régimen jurídico que los ampare”, denunció un representante del personal laboral de la AECID en declaraciones a The Diplomat.
“En las OTC, los contratos se renuevan cada uno o dos años, cuando los proyectos son de hasta seis años, lo que quiere decir que se mantiene el contrato de obra pero no los trabajadores que lo hacen”, prosiguió. “Ha habido bastantes demandas laborales que han sido ganadas casi todas por los trabajadores”, añadió.
El pasado 5 de junio, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, reconoció en el Senado que su departamento tiene “conocimiento” de los problemas laborales que atraviesa el personal aboral de la AECID y las OTC, que “ha sufrido congelaciones de sueldos en los últimos años”, y expresó su deseo de que el Ministerio de Hacienda “permita subir y mejorar los sueldos”.
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Denuncian que los trabajadores de las OTC firman contratos de dos años para proyectos de hasta seis años
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En el caso de los trabajadores locales de las OTC, prosiguieron las mismas fuentes, la situación es particularmente grave, como ha ocurrido en Bolivia, donde la Corte de Justicia ha ordenado el embargo de todas las cuentas de un centro de la AECID para cubrir las cantidades adeudadas a los trabajadores, o en Guinea Ecuatorial, donde “ha ocurrido algo similar”.
En cuanto al personal laboral de la sede central de AECID, según la misma fuente, 32 de los alrededor de 50 trabajadores actuales (los 300 restantes son funcionarios) han sido reincorporados tras despido improcedente o nulo y “después de unas sentencias judiciales que le han costado entre un millón y un millón de euros al Estado, entre indemnizaciones y salarios de tramitación”.
Una posible solución para estos problemas, según el trabajador de AECID, sería “la creación de un cuerpo profesional para la Cooperación” similar al que propuso el ex ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos a imitación de la Carrera Diplomática y que se tradujo en dos convocatorias de plazas. Se trata “de crear profesionales capaces de trabajar tanto sobre el terreno como en la sede central”.
Como parte de esa profesionalización, el representante laboral reclamó también “que se separe la Cooperación de la diplomacia, un debate de tiempos de (la ex secretaria de Estado) Leyre Pajín que se perdió”. “Todos los directivos son diplomáticos y, encima, el embajador de España en cada país tiene poder para dar el visto bueno a los proyectos de cooperación”. “El interés es favorecer a las empresas españolas, por lo que queremos también que se separe la Cooperación de la política de comercio exterior”, agregó.
