<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Congreso de los Diputados ha pedido al Gobierno, por iniciativa del PP y con el apoyo del PSOE, que los fondos de cooperación para el desarrollo españoles, europeos e internacionales destinados a Nicaragua son sirvan para “apuntalar el aparato represivo, los programas clientelistas y la corrupción de la cúpula de la dictadura”.</strong></h4> El pasado 19 de diciembre, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó una Proposición no de Ley relativa al fraude electoral en Nicaragua, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que insta al Gobierno a <strong>“no reconocer como legítimas a las autoridades que se autoproclamaron gobierno y oposición en Nicaragua el 10 de enero de 2022, al haber sido estas elegidas como resultado del proceso electoral ilegítimo del pasado 7 de noviembre de 2021”. </strong> Asimismo, la moción incluye una enmienda presentada por el Grupo Socialista en la que se insta al Ejecutivo a <strong>“establecer mecanismos estrictos de control con criterios basados en la defensa de los derechos humanos y en criterios democráticos que garanticen que los fondos de la cooperación para el desarrollo de España y de la Unión Europea, junto a los fondos de las instituciones financieras internacionales de los que España y la Unión Europea sean parte, no sean empleados de tal forma que apuntalen el aparato represivo, los programas clientelistas y la corrupción de la cúpula de la dictadura en Nicaragua y todos sus cooperadores necesarios”</strong>. “Esto es especialmente importante en el caso particular del Banco Centroamericano de Integración Económica, donde España es el único socio extrarregional de Europa”, añade. <strong>El Gobierno de Pedro Sánchez ha denunciado reiteradamente la situación en Nicaragua, lo que se ha traducido en un claro deterioro de las relaciones diplomáticas entre Madrid y Managua</strong>. Pocos días después de los comicios de 2021 -en las que el presidente Daniel Ortega consiguió su reelección para un quinto mandato con un 75% de los votos, según los datos oficiales rechazados por la oposición-, <strong>el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares,</strong> declaró a la prensa que en Nicaragua no había habido “elecciones libres, justas ni competidas, y los opositores que deseaban competir están en la cárcel”. “No se puede llamar elecciones, han sido una burla, una burla al pueblo de Nicaragua, a la UE, la a comunidad internacional y, sobre todo, a la democracia”, prosiguió. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó en un comunicado las elecciones de Nicaragua “por las inaceptables y arbitrarias condiciones en que se celebraron” y reclamó “unos comicios libres, justos, transparentes y concurridos que garanticen la participación de todos los nicaragüenses”. Asimismo, denunció el “régimen represivo y autoritario” amparado por “un marco legislativo regresivo y la connivencia de los poderes Legislativo y Judicial, controlados por Ortega”.
