Baltasar Garzón./ Foto: FIBGAR
Eduardo González. 16/03/2017
La Abogacía del Estado ha presentado sus alegaciones contra la demanda presentada por Baltasar Garzón ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, en relación con su cese como juez de la Audiencia Nacional, según ha podido conocer The Diplomat.
A principios de 2016, Garzón presentó una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU (el órgano encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) contra la decisión del Tribunal Supremo de condenarlo a once años de inhabilitación por prevaricación.
Las demandas ante el Comité (cuyos procesos suelen durar alrededor de dos años) deben ser notificadas a los Estados afectados, que tienen seis meses para responder. De acuerdo con el Pacto, las resoluciones del Comité no son necesariamente vinculantes, pero sus recomendaciones suelen ser acatadas por los Estados.
A principios de marzo, la Dirección General de Naciones Unidas y Derechos del Ministerio de Exteriores se dirigió a la Embajada de España en Ginebra para trasladarle la comunicación de la Abogacía del Estado en la que se plantean las “alegaciones sobre la admisibilidad” del caso Baltasar Garzón y para solicitarle que presentase el informe al Comité de la ONU.
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Exteriores pide a la Embajada en Ginebra que traslade a la ONU las alegaciones de la Abogacía del Estado
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Fuentes de Exteriores han precisado a The Diplomat que el Ministerio sólo actúa como “correa de transmisión” y no puede pronunciarse sobre este asunto, que compete a la Abogacía del Estado.
La condena del Supremo contra Garzón estuvo relacionada la intervención de varias conversaciones telefónicas entre cabecillas de la trama Gürtel encarcelados y sus abogados. En 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó un recurso del ex juez por ese mismo motivo.
Según Garzón, el Supremo vulneró la presunción de inocencia, la prohibición de la discriminación y el derecho a segunda instancia, violando con ello el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, ratificado por España en abril de 1977.
España también es Estado parte del Protocolo Facultativo del Pacto que autoriza al Comité a “recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto”, una vez agotados “todos los recursos internos disponibles”.
