El 11 de diciembre de 2015 tres talibanes mataron a dos policías españoles y diez afganos en una ataque terrorista contra la Embajada de España en Kabul.
The Diplomat. 03/11/2016
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió ayer una querella presentada por delito de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa en relación con la supuesta falta de medidas de seguridad en la Embajada española en Kabul (Afganistán). La investigación se dirige contra el actual embajador, Emilio Pérez de Agreda, y el «número dos» de la Embajada, Oriol Solá Pardel.
El 11 de diciembre de 2015 se produjo un atentado terrorista a cargo de tres talibanes que provocó la muerte de dos policías españoles destinados allí y diez afganos encargados de la seguridad exterior del edificio. La resolución del magistrado (pinche aquí para leerla) recoge las supuestas carencias en materia de seguridad que hubo en la legación diplomática desde el inicio de la construcción de la misma en el año 2008.
«Se trataba de instalaciones deficientes para el lugar donde se encontraba (garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera). Sólo una partida de 5.000 euros en 2011, que resultó insuficiente, permitió cambiar las puertas de madera por latón. Con eso, la seguridad del edificio no había mejorado, pues el edificio principal seguía sin cumplir el perímetro de seguridad de la calle; edificio que se encontraba fuera de la zona de seguridad de Kabul, en un barrio rodeado de casas de militares y señores de la guerra», relata Pedraz.
En la querella, presentada por familiares de uno de los policías fallecidos y otras víctimas, se indica que a pesar de las recomendaciones y peticiones de mayor seguridad de la sede diplomática, Pérez de Agreda “nunca las atendió: ni sobre las deficiencias de estructuras ni las rutas y horarios del personal, manteniendo un mutismo absoluto ante el Ministerio del que depende pese a los informes del Cuerpo de Seguridad en la materia”.
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El juez Pedraz admite una querella presentad por familiares de uno de los policías españoles muertos
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El embajador estaba de vacaciones en España el día del atentado, por lo que al frente de la Cancillería quedó como encargado de Negocios Solá Pardel, quien “tampoco respetaba ninguna medida de seguridad. Más al contrario ponía constantemente en riesgo la seguridad del edificio, permitiendo el trasiego de mercaderes que paseaban por la Embajada, sin avisar con tiempo suficiente a los equipos de custodia y seguridad para la identificación de personas y objetos sospechosos».
En la mañana del 11 de diciembre hubo una alerta por parte de los servicios secretos franceses del riego de atentado contra la Embajada española, “lo que debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas de seguridad y que hubiera evitado que esa tarde (alrededor de las 18 horas) un coche bomba hiciera explosión contra los muros de la legación española”, subraya Pedraz.
Estos hechos, a juicio del juez instructor, “tienen una primera apariencia de infracción penal” por lo que procede investigarlos, teniendo en cuenta que la competencia de la Audiencia Nacional resulta “evidente” puesto que nos encontramos ante presuntos hechos cometidos por españoles en el extranjero.
Un portavoz de Exteriores manifestó a The Diplomat que existe la máxima disponibilidad del Ministerio, del embajador y de quien era el encargado de Negocios cuando sucedieron los hechos para colaborar con la Justicia en esclarecer lo sucedido.
