Imagen del Consulado General de España en Zúrich./ Foto: MAEC.
The Diplomat. 06/06/2016
A raíz de la noticia sobre la impugnación de la última convocatoria de plazas en el Consulado General de Zúrich (Suiza), el sindicato Sisex-Uso publicó un comunicado el pasado jueves en el que subraya que la actual normativa de contratación laboral en el exterior es “incapaz” de garantizar que la selección de los candidatos se realice en todos los casos de acuerdo “con los principios de igualdad, mérito y capacidad” previstos por la ley.
“Cuando ya existe un candidato pre-designado, algo que por otra parte es muy frecuente, la voluntad del Embajador, la del Cónsul General, e incluso la del funcionario de menor rango delegado por aquellos, se impone en todos los casos a la hora de contratar”, afirmó en un comunicado.
La normativa actual se fundamenta, a juicio de Sisex-Uso, en la existencia de un tribunal “desequilibrado” en su composición por la “omnipotencia” del jefe de la unidad o la del funcionario en el que éste delegue, “que no tiene el necesario contrapeso ni en el canciller (quien por estar en libre designación puede ser cesado a voluntad) ni mucho menos en el contratado local”.
Asimismo, el peso de las pruebas subjetivas resulta “excesivo”, en opinión de este sindicato, el mayoritario dentro del personal de Exteriores: “El hecho de que se realicen invariablemente al final, permite utilizarlas para llegado el caso, ‘compensar’ los resultados iniciales del candidato designado de antemano y no garantiza la limpieza del procedimiento”.
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El sindicato Sisex pide que la prueba de la entrevista vaya en primer lugar y no sea determinante
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Por todo ello, Sisex-Uso tilda de “anacrónico” el sistema de contratación laboral en el exterior y propone un “sencillo cambio”, la realización de la entrevista o prueba subjetiva análoga en primer lugar y “con una puntuación no determinante”.
Asimismo, solicita que la Subdirección General de Personal participa, en la medida de lo posible, en el proceso selectivo con la preparación y envío de “los exámenes de cultura general, informática básica y manejo de programas (Word, Excel, Outlook) y aquellos otros que se considere convenientes a la vista de las bases de la convocatoria”.
Por último, reclama la remisión a los servicios centrales de “todas las pruebas realizadas, puntuaciones y actuaciones del Tribunal calificador para que, en caso de recurso, puedan ser estos solventados por personas ajenas a la representación”, tal y como sucedió en Zúrich.
