Pablo Ibar junto a su padre Cándido en 2009./ Foto: Amnistía Internacional
Eduardo González. 22/04/2016
La suerte inmediata de Pablo Ibar, el único español actualmente condenado a muerte en el mundo, depende de la decisión que tome el Tribunal Supremo de Florida respecto al recurso de la Fiscalía del Estado contra la reciente anulación de su condena. En caso de prosperar la apelación, se necesitarán otros 1,3 millones de dólares para garantizar un juicio mínimamente eficaz.
De esa cantidad,1,1 millones irían destinados al pago de abogados y los 200.000 restantes para recabar pruebas periciales (ADN, por ejemplo) y testigos. De momento, la familia ya dispone de 600.000 euros, recaudados en los últimos años y que “ya ha han sido gastados”, según explicó a The Diplomat Andrés Krakenberger, el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, la organización que canaliza todos los fondos. En caso de necesidad, por tanto, se intentará captar otros 637.000 dólares.
Hasta la fecha, según Krakenberger, la Asociación ha contado con tres fuentes oficiales de financiación. Por una parte, las aportaciones del Gobierno comenzaron en 2009, cuando, por primera vez en la historia, los Presupuestos Generales del Estado incorporaron una partida presupuestaria (en la sección correspondiente a Exteriores) de nada menos que 500.000 euros “para la asistencia a ciudadanos que afrontan condenas de pena de muerte”.
Aquella primera cantidad, no obstante, sufrió un recorte radical en agosto de 2009 (en plena crisis internacional) por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que la dejó en sólo 60.000 euros. Desde entonces, la evolución ha sido de descenso o, al menos, de estancamiento: 50.000 euros en 2010, 60.000 euros en 2011 y 30.000 euros anuales desde 2012 y hasta la fecha. En total, las ayudas de Exteriores suman casi 290.000 euros.
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La defensa necesita 1,3 millones de euros para la nueva fase, de los que ya se han recaudado y gastado 600.000
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Muy superior ha sido la cantidad aportada por la segunda fuente de ingresos, el Gobierno vasco. A finales de 2006, el Parlamento autonómico aprobó, por unanimidad, una enmienda en los Presupuestos Generales por la que se creaba una partida de 100.000 euros para ciudadanos vascos condenados a muerte en el extranjero.
La primera subvención se produjo en 2007, con 100.000 euros. En 2008, se destinaron 87.000; en 2009, 103.000; en 2010, 125.000; en 2011, 116.650 euros; en 2012,75.000 euros; en 2013, 50.400 euros; y en 2014, 49.273 euros. En total, las ayudas del Gobierno vasco superan los 700.000 euros.
La tercera fuente de ingresos procede de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que, aunque es mucho más reducida (oscila entre los 8.000 y los 10.000 euros anuales), es especialmente “querida” para la Asociación, porque los términos de su concesión permiten utilizarla también para “afrontar los gastos mínimos de la Asociación”, a diferencia de las procedentes de los Gobiernos central y vasco, que deben ir destinadas “íntegramente” a sufragar los gastos procesales, según Krakenberger. La Asociación, en todo caso, utiliza una parte mínima para sí misma y el resto lo destina a los abogados de Ibar.
