<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con el favor de los sindicatos para su política económica y de bloqueo de las reformas pendientes (legislación laboral y sistema de pensiones), pero se enfrenta a un verdadero otoño caliente de movilizaciones y manifestaciones.</strong></h4> <strong>Policías de todas las administraciones, agricultores, ganaderos, funcionarios de Justicia y transportistas se organizan para protestar en la calle o hacer huelga entre esta semana y los días previos a la Navidad</strong>. La falta de respuesta del Ejecutivo a la escalada de precios de la energía, los combustibles y las materias primas, más las medidas de tipo ideológico contra la seguridad ciudadana provocan la indignación de los sectores profesionales afectados. La coalición de socialistas y comunistas en el poder atiende los intereses del mundo sindical que le es próximo, las<strong> organizaciones que se consideran “de clase” como Comisiones Obreras y la UGT,</strong> sin tener en cuenta la grave situación que vive el campo, la administración de Justicia o el mundo del transporte. Tampoco ha querido medir la repercusión que iba a tener entre los cuerpos policiales su reforma en marcha de la legislación vigente en materia de manifestaciones. Lo que el Gobierno considera <strong>derogación de “la ley mordaza” aprobada por el anterior Ejecutivo</strong>, para los sindicatos de la Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas de Cataluña, el País Vasco y Navarra, más las asociaciones de los cuerpos de policías municipales de toda España, se trata de una reforma que facilitará los disturbios en la calle. <strong>Una cuarentena de sindicatos policiales de toda orientación</strong> que representan a agentes de todos los ámbitos administrativos ha convocado diversas <strong>concentraciones durante toda la semana que culminan el próximo día 27 en Madrid en una manifestación</strong> a la que también se sumarán representantes de los partidos de la oposición, con el PP al frente. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso fue la primera en confirmar su asistencia. La reforma de la ley incorporará la novedad de las manifestaciones “espontáneas” (convocadas sin responsables conocidos y sin que la policía tenga tiempo de organizar dispositivos previos de seguridad), pondrá fin al uso de medidas antidisturbios como las pelotas de goma, autorizará el uso indiscriminado de las imágenes de los agentes y fijará que las multas para los alborotadores dependan de su nivel de ingresos. El texto cuenta con el <strong>apoyo de toda la extrema izquierda parlamentaria, de Podemos a Bildu</strong>, el soporte básico del Gobierno de coalición en el Congreso. Además de Podemos, los socios independentistas de Sánchez recurren tradicionalmente a las movilizaciones callejeras que acaban en disturbios para conseguir sus objetivos políticos, en especial en el caso de los separatistas catalanes, cuyos principales dirigentes promovieron en Cataluña la intentona secesionista del 1 de octubre. Lo mismo ocurre con los sucesores de Batasuna, brazo político de ETA. El otoño caliente seguirá después de las protestas policiales con las de los sectores sociales que más directamente sufren el deterioro de la situación económica. <strong>Los transportistas piden soluciones ante la subida de los combustibles, un 35 por ciento</strong>, pero también que el Gobierno les deje de castigar con nuevos peajes en las carreteras o las normativas que restringen sus movimientos. <strong>Preparan un gran paro que amenaza con bloquear el país justo antes de Navidad, los días 20, 21 y 22 de diciembre.</strong> <strong>Los sindicatos de agricultores y ganaderos</strong> con los principales a la cabeza (Asaja, COAG y UPA) también <strong>multiplicarán sus protestas durante el mes de diciembre</strong>. Estudian sumarse al paro general de los transportistas para las mismas fechas de final de otoño. En su caso, a la escalada del precio de los combustibles se suma el de los piensos (un 30 por ciento), y el de la energía en general. Todo el sector primario de la economía nacional pide reformas, además de ayudas, porque se ha quedado sin margen de beneficio y las pérdidas amenazan con el cierre masivo de granjas y explotaciones. Solo como anticipo de las consecuencias de la subida de la inflación en los conflictos laborales están <strong>los paros, las protestas y las algaradas de manifestantes en la provincia de Cádiz</strong>. Los sindicatos de todo el sector del metal en la provincia (30.000 empleados) paralizan las principales ciudades para exigir subidas salariales equivalentes a la escalada de los precios, ya por encima del 5 por ciento. El alcalde de la capital, el populista de extrema izquierda José María González (alias “Kichi”) presume en primera persona de la movilización: “Hemos tenido que meter fuego para que Madrid nos haga caso”. Mientras, el Gobierno también se enfrenta a nuevas protestas y <strong>la amenaza de huelga de los funcionarios de Justicia,</strong> el sector de la Administración más abandonado. Un total de 15.000 empleados públicos se han visto engañados por los anuncios del Ministerio de Justicia de unas mejoras salariales que no llegan en los Presupuestos Generales del Estado. Sánchez había cuidado el llamado “diálogo social” con los sindicatos Comisiones Obreras y la UGT a costa de chocar con las organizaciones empresariales, como ha ocurrido con la subida de las cotizaciones sociales. Y en la contrarreforma laboral en marcha tiene pendiente la decisión sobre la exigencia fundamental de las mismas centrales: que los convenios colectivos sectoriales prevalezcan sobre los de empresas. <strong>Los sindicatos “de clase” quieren más poder</strong> y de momento, con esa expectativa más una política económica gubernamental basada en disparar el gasto y sin reformas, han procurado la paz social al Gobierno.<strong> Pero al resto de los representantes de los trabajadores lo que les preocupa es el deterioro de la situación económica</strong> y la falta de respuesta de un Ejecutivo que se enfrenta por primera vez a la contestación en la calle.
