The Diplomat
El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea aprobó ayer la aplicación provisional del nuevo acuerdo de pesca sostenible entre la Unión Europea y Mauritania, lo que garantizará la continuidad de la flota española en el caladero de este país.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien participó ayer en Bruselas en el Consejo de la UE, valoró “muy positivamente” la aplicación provisional del acuerdo, que evitará la interrupción de la actividad de la flota en el caladero y favorecerá especialmente a los pescadores de Andalucía, Galicia, Islas Canarias y País Vasco, según informó el Ministerio en una nota de prensa.
La Comisión Europea concluyó el pasado 27 de julio con éxito las negociaciones de un nuevo acuerdo de pesca sostenible con Mauritania, que se aplica provisionalmente desde ayer, coincidiendo con la fecha de expiración del acuerdo anterior. El nuevo protocolo, que tendrá una duración de cinco años, mantiene las posibilidades de pesca y la contribución financiera de la UE, que actualmente es de 62 millones de euros para los dos primeros años. El acuerdo con Mauritania es el más importante entre la UE y un país tercero en materia pesquera.
Por otra parte Luis Planas trasladó en Bruselas su preocupación por la situación tan difícil por la que atraviesan determinados sectores agrarios en España debido al incremento de los costes de producción, especialmente la alimentación animal, la energía y los fertilizantes en los mercados internacionales. Se trata de una situación generalizada en el conjunto de la Unión Europea y puesta de manifiesto por la totalidad de los ministros, que trasladaron a la Comisión Europea la necesidad de que se adopten medidas coordinadas a escala comunitaria que contribuyan a paliar la situación de los sectores más afectados por los costes de producción.
Asimismo, Planas expresó la necesidad de prever apoyos para los agricultores afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja, en la Isla de la Palma, que ha causado pérdidas de plantaciones de plátano, viñedos, aguacates, cítricos y explotaciones ganaderas, así como de alojamientos, instalaciones y superficies de pasto. Una amplia mayoría de Estados miembros ha mostrado su solidaridad con los agricultores y ganaderos de La Palma y ha apoyado la aplicación de las medidas de flexibilidad necesarias.
