<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>La publicación del contrato suscrito por la Comisión Europea con el Gobierno de España para recibir los fondos de recuperación económica ha vuelto a dejar evidencia del doble juego de Pedro Sánchez: comprometer reformas ante Bruselas que disimula y aplaza en el Congreso porque no tiene mayoría parlamentaria para sacarlas adelante.</strong></h4> Esta vez es<strong> el desmentido recorte en las pensiones</strong> que aparece con toda claridad en el citado documento y con la misma fórmula que<strong> el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá,</strong> dejó escrita en enero de este año. Y ya se ha registrado el mismo rechazo de entonces desde el conglomerado de fuerzas políticas y sindicales que apoyan al Gobierno, el primero el del sector comunista (Podemos) del propio Ejecutivo. Para levantar la economía española después de la pandemia<strong> Sánchez cuenta con 70.000 millones de euros procedentes de la UE</strong> que, administrados desde su gabinete, se han convertido en la clave de su estabilidad en el poder. A cambio, el jefe del Ejecutivo <strong>se comprometió a acometer reformas de calado para favorecer el crecimiento económico y del empleo</strong> por un lado y por otro a hacer sostenible el sistema de pensiones (en quiebra desde hace dos años) con los pertinentes ajustes. Empantanada la contrarreforma laboral <a href="https://thediplomatinspain.com/2021/11/sanchez-debera-elegir-entre-el-favor-de-los-sindicatos-y-bruselas-para-seguir-en-el-poder/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">en los mismos términos que explicábamos en <em>The Diplomat</em></a> el mes pasado, el Gobierno todavía tiene que presentar en España, a los llamados agentes sociales (sindicatos y asociaciones empresariales), aliados parlamentarios y oposición, <strong>la verdadera reforma de las pensiones.</strong> El texto sobre la materia que llevó en septiembre al Congreso se limita a asegurar su revalorización según el índice de precios al consumo (inflación), pero no establece ningún ajuste que dé credibilidad al sostenimiento del sistema a medio plazo. El Ministerio de Seguridad Social ha anunciado el cambio del antiguo “factor de sostenibilidad” que estableció el anterior Ejecutivo por uno de “solidaridad intergeneracional” que debe explicar esta misma semana. Lo ha ido aplazando desde antes del verano para retrasar lo inevitable: plasmar en un texto las fórmulas de los ajustes o recortes que tendrá que aplicar el Estado en los próximos años a las expectativas de los futuros pensionistas. <strong>El contrato con la Comisión Europea</strong> alude a la primera medida que lanzó el propio Escrivá, un <strong>aumento en los años computados en el cálculo de la pensión de los contribuyentes para pasar de los 25 actuales hasta los 35</strong>. La factura del sistema bajaría en cuanto la medida entrara en vigor en perjuicio de la mayoría de los trabajadores que se jubilen a partir de ahora. La <strong>reacción del sector comunista del Gobierno ha sido fulminante</strong>. En Podemos presumían de haber parado antes el proyecto, cuando Pablo Iglesias estaba aún en el gabinete, y reiteran ahora que se opondrán, en cualquier caso, aunque se trate de un compromiso firmado con la Comisión Europea a cambio de su asistencia financiera. <strong>Y el mayor problema interno para Sánchez</strong> es que por mucho eufemismo que incluya Escrivá en su fórmula para ajustar el sistema de pensiones, si<strong>empre supondrá aumentar los años de cotización y/o reducir las expectativas sobre la cuantía de esas pensiones futuras.</strong> Los podemitas, ahora encabezados en el Ejecutivo por la vicepresidenta Yolanda Díaz (también promotora de la contrarreforma laboral y con los sindicatos siempre detrás), rechazan cualquier ajuste en las futuras jubilaciones. Sánchez, que acaba de pedir 10.000 millones de euros a Bruselas para acabar el ejercicio de 2021,<strong> no cumple ninguno de los compromisos adquiridos para recibir esa asistencia financiera</strong> que es, además, sostén de los Presupuestos Generales del Estado. Las cuentas en tramitación parlamentaria incluyen 27.000 millones de “rescate” europeo para el próximo año, mientras que en el contrato suscrito con la Comisión conocido la pasada semana sólo consta el trasvase de 20.000 millones. Es otro dato del desfase presupuestario y descontrol del déficit público en que entra España pese al triunfalismo del Gobierno sobre la situación económica. <strong>Sánchez, sin mayoría para acometer las reformas fundamentales, arriesga ahora la llegada de los fondos europeos</strong> mientras intenta sostener la misma táctica de prometer una cosa en Bruselas y la contraria a sus aliados en España.
