<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó ayer de “burla” las elecciones de este pasado domingo en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega ha conseguido su reelección para un quinto mandato con un 75% de los votos, según los datos oficiales rechazados por la oposición.</strong></h4> <strong>“No ha habido elecciones libres, justas ni competidas, y los opositores que deseaban competir están en la cárcel en estos momentos”</strong>, declaró Albares ante la prensa a su llegada a la sede de Casa de América en Madrid para asistir al acto de conmemoración del 70 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Por ello, prosiguió, lo sucedido en Nicaragua <strong>“no se puede llamar elecciones, han sido una burla, una burla al pueblo de Nicaragua, a la UE, la a comunidad internacional y, sobre todo, a la democracia”</strong>. Los comicios, recordó, no contaron con “ningún tipo de verificación” y, por lo tanto, “no tienen ninguna garantía para el Gobierno de España, como tampoco la tienen para la comunidad internacional y la Unión Europea”. Por su parte, <strong>el Ministerio de Asuntos Exteriores</strong> rechazó ayer en un comunicado las elecciones de Nicaragua “por las inaceptables y arbitrarias condiciones en que se celebraron” y reclamó “unos comicios libres, justos, transparentes y concurridos que garanticen la participación de todos los nicaragüenses”. “Al igual que el resto de países de la Unión Europea y buena parte de la comunidad internacional”, el Ejecutivo español constata que los comicios <strong>“han carecido de las mínimas garantías democráticas exigibles” y por ello, no se puede dar “credibilidad y legitimidad a los resultados que puedan derivarse de este proceso”.</strong> El Gobierno denunció también el <strong>“régimen represivo y autoritario”</strong> amparado por “un marco legislativo regresivo y la connivencia de los poderes Legislativo y Judicial, controlados por Ortega”, lo cual “se ha traducido en una persecución sistemática de actores políticos, sociales, mediáticos y económicos, hasta el punto de ilegalizar a los partidos opositores, encarcelar a sus principales líderes y precandidatos, todos ellos aún en prisión y privados de sus derechos procesales, y la consiguiente negación de su derecho a participar en unos comicios, a todas luces, fraudulentos”. Asimismo, el Gobierno de Pedro Sánchez exige <strong>“a las autoridades de Nicaragua que pongan en libertad con carácter inmediato e incondicional a todos los presos políticos y manifestantes encarcelados arbitrariamente y que se anulen sus procesos judiciales; que restituyan y garanticen los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía; y que pongan fin a la represión y el hostigamiento”. </strong> A su vez, el Ejecutivo español reclama al Estado de Nicaragua que “cumpla con los compromisos internacionales contraídos en materia de Derechos Humanos y con sus propios preceptos constitucionales, así como que se permita el regreso al país de los mecanismos internacionales en esta materia”, y “condena el cierre de medios críticos y la expulsión de periodistas nicaragüenses, así como la denegación de entrada al país a corresponsales internacionales, como ocurrió hace escasos días con un equipo de Radiotelevisión Española (RTVE) en la frontera con Costa Rica”. <h5><strong>UE y España</strong></h5> Por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del <strong>Parlamento Europeo</strong>, David McAllister (PPE, Alemania), y la presidenta de la delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica, Tilly Metz, (Verdes/ALE, Luxemburgo), calificaron ayer de “farsa” las elecciones organizadas por el régimen de Daniel Ortega, las cuales “suponen la triste culminación de la deriva imparable del país hacia el abismo autoritario”. Por ello, advirtieron, el Parlamento Europeo no puede reconocer ni el resultado de las elecciones ni las autoridades institucionales que surgen de la votación amañada”. Al respecto, Albares aseguró ayer durante su encuentro con la prensa que <strong>el tema de Nicaragua se volverá a “plantear en el seno de la UE”.</strong> El pasado 17 de octubre, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE reclamó al alto representante para Política Exterior, Josep Borrell, que empiece a preparar una posible ”tercera ronda” de sanciones al régimen de Nicaragua, incluido al “entorno del presidente Daniel Ortega”, ante la posibilidad de que se produjera un “fraude electoral” en los comicios generales. En aquella ocasión, según declaró en su día Albares desde Luxemburgo, España lideró, “una vez más, la posición en la UE” y contribuyó a crear “un consenso” en esta materia. Dos días antes del encuentro de Luxemburgo, el Consejo de UE había prorrogado por un año, hasta el 15 de octubre de 2022, las medidas restrictivas selectivas impuestas en Nicaragua. <strong>El régimen de sanciones se introdujo por primera vez en octubre de 2019</strong> contra personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho. Las sanciones actualmente se aplican a 14 personas, incluida la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. <strong>El Gobierno español ha denunciado reiteradamente la situación en el país centroamericano, lo que se ha traducido en un claro deterioro de las relaciones diplomáticas entre Madrid y Managua</strong>. El pasado mes de agosto, el Ejecutivo de Sánchez expresó, en un comunicado, su convicción de que el proceso electoral de Nicaragua no ofrecería un resultado con garantías y credibilidad e instó al régimen de Daniel Ortega a detener la represión contra la oposición y los medios de comunicación. Pocos días después, Albares llamó a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras una nota emitida por el Gobierno nicaragüense en la que se acusaba a España de “intromisión, injerencia e intervención” en los asuntos internos de Nicaragua.
