<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <strong>La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo </strong>del Congreso de los Diputados solicitó ayer al Gobierno<strong> que se equipare la cobertura de riesgos de los cooperantes que operan en zonas de conflicto bélico a la que ya disfrutan los militares.</strong> La Comisión debatió y aprobó, con los únicos votos en contra de Vox, <strong>una proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista sobre la ampliación de la cobertura de riesgos a cooperantes víctimas en conflictos bélicos. </strong>En la exposición de motivos, el PSOE recordó el caso <strong>de María Hernández, madrileña de 35 años y miembro de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF)</strong>, que estaba trabajando en la región de Tigray (Etiopía) cuando fue asesinada el pasado 25 de junio junto a dos cooperantes locales, Yohannes Halefom y Tedros Gebremariam. Un total de catorce cooperantes españoles han sido asesinados en el mundo desde 1990. El caso de María Hernández está siendo investigado por la Audiencia Nacional para conocer los hechos y establecer quiénes fueron los autores de su asesinato. <strong>“Sin embargo, pudiera darse la situación paradójica e injusta de que su familia no tenga derecho a recibir una indemnización del Estado por tratarse de una víctima en un conflicto bélico y no como consecuencia de la acción de un grupo terrorista”</strong>, advierte la moción. En este sentido, la PNL recuerda que la <strong>“amplia normativa española que puede servir de referencia para las situaciones de riesgo que sufren las personas cooperantes en el desarrollo de su labor humanitaria”</strong> (la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Real Decreto Ley sobre indemnizaciones a participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad o el Real Decreto que establece el Estatuto de los Cooperantes) <strong>“no contemplan la situación en la que ha perdido la vida la cooperante María Hernández en Tigray”, lo que implica que “aquellas personas que mueran o sufran heridas de cualquier tipo en el marco de una guerra no dispondrán del derecho a recibir ayudas, prestaciones e indemnizaciones del Estado”.</strong> De hecho, el citado Real Decreto Ley sobre indemnizaciones en operaciones de paz o de asistencia humanitaria “únicamente refiere su aplicación” a los militares españoles, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al personal al servicio de las Administraciones públicas, y no reconoce “el derecho de las y los cooperantes de nacionalidad española que contribuyen con su esfuerzo al efectivo cumplimiento de los derechos humanos en terceros países”. Por ello, la PNL pide al Gobierno que se modifique la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo para que, “con efecto retroactivo limitado a diez años”, <strong>la situación en la que se encuentran “los cooperantes que desarrollen su actividad en el extranjero en zonas de conflictos bélicos se asimile a la de los soldados a los efectos de posibles ayudas e indemnizaciones y deber de cuidado por parte de la Administración del Estado”</strong>. Asimismo, reclama que en el anteproyecto de la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible se incluya “el deber de cuidado” para con los cooperantes de nacionalidad española inscritos como tales en los Consulados, “cuyo desarrollo normativo se incorporará en el futuro Estatuto del y la Cooperante”. Durante el debate de la PNL, <strong>el PP expresó su apoyo a la propuesta</strong>, pese a considerar que “no es el instrumento más adecuado”, y pidió que este “deber de cuidado” no se limite solo a los cooperantes, sino que se extienda también a los periodistas que ejercen su profesión en zonas de conflicto. Por su parte, <strong>Vox votó en contra</strong> argumentando que es un “error” equiparar cooperantes con militares y que “el Estado no tiene que ser subsidiario de los que asumen riesgos bajo su responsabilidad”.
