<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso volvió a escenificar ayer las grandes diferencias existentes entre el Gobierno y el Partido Popular en materia de política exterior, en este caso en torno a la situación política en Venezuela y Nicaragua y a la acción o inacción del Ejecutivo respecto a estos dos países.</strong></h4> De entrada, las discrepancias se pusieron de manifiesto en una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE para reforzar las “relaciones transaltlánticas con EEUU” que, en principio, no debía presentar grandes problemas. La moción socialista pretende “reforzar las relaciones transatlánticas tanto a nivel bilateral, diversificando y ampliando las relaciones institucionales en distintos niveles; como en el ámbito de una Unión Europea unida y fuerte mediante, entre otros aspectos, una estrecha concertación en organismos multilaterales como las Naciones Unidas”. Aparte en materia de defensa, la PNL propone “mantener la cooperación en materia de seguridad y defensa, incluyendo el desarrollo del Convenio Bilateral de Defensa, de 1988”, fortalecer los vínculos culturales y educativos con la apertura de más sedes del Instituto Cervantes y “colaborar en ámbitos como la lucha contra el cambio climático”. A falta de mayores problemas, el primer punto de fricción de produjo cuando el portavoz adjunto del PP, Pablo Hispán, introdujo una enmienda para “reforzar la cooperación con el Gobierno de Estados Unidos en la protección de los derechos humanos y la promoción de la libertad y la democracia especialmente ante las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, enmienda que fue rechazada por el PSOE. Durante el debate, Hispán recordó las críticas que se vertieron hace unos días en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por otra parte, la Comisión rechazó una moción del Grupo Parlamentario Popular en la que se instaba al Gobierno a “condenar a la dictadura de Nicaragua por la violación de las libertades y los derechos humanos y promover todas las acciones políticas y diplomáticas necesarias en defensa de la democracia en el país”. El texto, rechazado sin abstenciones y con los votos en contra de los socios de Gobierno, condenaba “la persecución y la orden de detención del intelectual y Premio Cervantes Sergio Ramírez” e instaba al Gobierno a “no reconocer los resultados de las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre mientras no se garanticen todos los derechos de la oposición y la transparencia del proceso”. Durante el debate, Noemí Villagrasa, del PSOE, aseguró que el Grupo Socialista ya ha condenado “ la persecución a Sergio Ramírez en Nicaragua” y la “represión arbitraria y la violencia ejercida por el Gobierno de Daniel Ortega”. Por su parte, Belén Hoyos, del PP, denunció “la falta de libertad y las políticas de exclusión social de Ortega”, a las que se enfrenta “una verdadera resistencia cívica y por un cambio democrático que permita a Nicaragua ser un país con libertad”. Precisamente, el encargado de negocios de la Embajada de España en Nicaragua, Jaime Ramos Schlingmann, reiteró ayer el compromiso del Gobierno español con la democracia en Nicaragua y reclamó a Ortega con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. Posteriormente, la Comisión debatió y aprobó una Proposición no de Ley presentada por el socio de gobierno de Pedro Sánchez, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, para “impulsar el proceso de diálogo y negociación sobre Venezuela, protegiendo el bienestar del pueblo venezolano y su soberanía”. Durante el debate Gemma Araújo, del PSOE, defendió “las negociaciones entre los distintos actores en Venezuela con los objetivos de encontrar una salida pactada y pacífica y que el pueblo venezolano decida libremente su futuro en unas elecciones democráticas. Por su parte, José Ignacio Echániz, portavoz adjunto del PP en el Congreso, afirmó que “el daño que ha hecho Podemos a Venezuela no se olvidará jamás”. “Los vínculos políticos y financieros de Podemos y la dictadura venezolana son una evidencia”, añadió. <h5><strong>Vox propone expulsar a inmigrantes y sancionar a Marruecos</strong></h5> Por otra parte, la Comisión rechazó una PNL de Vox con “medidas urgentes” frente a la “amenaza de Marruecos”, en la que se reclamaba la devolución inmediata de los inmigrantes que entren en España, la suspensión de la concesión de visados de entrada en Europa, el archivo de los expedientes de residencia legal a los marroquíes que se encuentren en España y la paralización de la concesión de nacionalidades, así como sanciones económicas contra Rabat. Durante el debate, el PSOE afirmó que la propuesta era “ilegal” y el PP la calificó de “apocalíptica”.
