<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Congreso de los Diputados instó ayer al Gobierno a que promueva en la Unión Europea la imposición de sanciones contra los dirigentes de Nicaragua, con vistas a aumentar la presión y que se restablezcan las libertades en el país centroamericana, donde en las últimas semanas se ha procedido a detener a numerosos opositores, periodistas y activistas.</strong></h4> La petición es resultado de una proposición no de ley presentada en la<strong> Comisión de Asuntos Exteriores</strong> de la Cámara Baja, y que fue <strong>pactada por PP, Vox y PSOE,</strong> en base a textos iniciales formulados por los dos primeros partidos, informa <em>Europa Press.</em> Finalmente, la proposición fue<strong> refrendada por 28 votos a favor y siete en contra, entre ellos los de Unidas Podemos, socio del Gobierno de Pedro Sánchez</strong>. La formación morada vuelve así a desmarcarse de los socialistas en una cuestión de política exterior. El Ejecutivo ha expresado en los últimos días en varias ocasiones su rechazo a la política de detenciones y amenazas que lleva a cabo el régimen de <strong>Daniel Ortega.</strong> El texto aprobado pide expresamente al Gobierno que condene "los últimos ataques del Gobierno de Nicaragua contra actores políticos y sociales de oposición y medios de comunicación independientes” y p<strong>romueva “todas las acciones políticas y diplomáticas necesarias en defensa de las libertades y los Derechos Humanos en Nicaragua”</strong>. Asimismo, el Ejecutivo también debería "exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos y defensores de Derechos Humanos" y exigir que las elecciones previstas para el 7 de noviembre "garanticen todos los derechos de la oposición y la transparencia del proceso con medidas como la independencia del Consejo Electoral y la presencia de observadores independientes". Por último, los diputados reclaman al Ejecutivo que<strong> promueva y lidere "en las instituciones europeas la aprobación de sanciones contra los dirigentes del Gobierno</strong> que aumenten la presión internacional y ayuden a restablecer el Estado de Derecho y las libertades en Nicaragua". Durante su intervención,<strong> la portavoz del PP, Belén Hoyo, arremetió contra el "régimen dictatorial" de Daniel Ortega</strong> y afeó las críticas realizadas por el Gobierno nicaragüense en los últimos días contra <strong>la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.</strong> "No seré yo quien defienda a la ministra", dijo incidiendo en su "gestión nefasta", pero sostuvo que "un ataque así no se debería permitir". Asimismo, acusó a Ortega de "un nuevo golpe de Estado" por las últimas actuaciones en materia de Derechos Humanos y que limitan el derecho de los nicaragüenses a elegir y ser elegidos, incidiendo en que "hasta aliados tradicionales como México y Argentina le están dando media espalda". Por su parte, <strong>el portavoz de Vox, José María Sánchez,</strong> también se refirió al carácter "dictatorial y totalitario" del régimen de Ortega al tiempo que manifestó su "sorpresa" por el apoyo del PSOE a su iniciativa toda vez, dijo, que algunas de las leyes aprobadas en los últimos meses en Nicaragua parecen tener una "curiosa coincidencia" con algunas planteadas por el Gobierno de coalición. En este sentido,<strong> la portavoz de los socialistas, Gemma Araujo,</strong> dijo no entender la sorpresa de PP y Vox por el respaldo del PSOE en la condena a la situación en Nicaragua. "<strong>Parece que esperaran que no apoyáramos algo que tiene que ver con los Derechos Humanos</strong>", afirmó. Araujo ha lamentado el "paralelismo" que trazó el diputado de Vox y reivindicó que el PSOE lleva años denunciando la "deriva autoritaria" de Ortega y el propio<strong> presidente del Gobierno, Pedro Sánchez</strong>, pidió expresamente al mandatario nicaragüense la liberación de los opositores detenidos. <h4><strong>Cuba y Colombia</strong></h4> Por otra parte, la Comisión de Exteriores también aprobó<strong> sendas proposiciones no de ley sobre el levantamiento del embargo a Cuba y sobre el apoyo al proceso de paz en Colombia.</strong> La primera, presentada por los grupos parlamentarios <strong>Confederal Unidas Podemos, Republicano, Plural, Vasco y de EH Bildu, recibió 21 votos a favor, catorce en contra -incluidos los de PP y Vox- y una abstención.</strong> En la proposición, se insta al Gobierno a que haga "las gestiones necesarias para que, en sus relaciones con el Gobierno de Estados Unidos de América, le aliente a llevar a cabo de modo efectivo el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba y a<strong> derogar cuanto antes las leyes Helms-Burton y Torricelli".</strong> Por lo que se refiere a <strong>la proposición relativa a Colombia, fue presentada por el grupo parlamentario Confederal de Unidas Podemos, Republicano, EH Bildu y Plural,</strong> y salió adelante con 20 votos a favor, catorce en contra y una abstención. En ella, entre otras cosas, se <strong>insta al Gobierno a que apoye el Acuerdo de Paz en Colombia así como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición (SVJRNR),</strong> además de respaldar "la labor que realizan las personas defensoras de Derechos Humanos y líderes y lideresas sociales en Colombia". Asimismo, se le pide que "traslade al Gobierno de Colombia la importancia del respeto a la independencia de la Justicia, pilar del Estado de Derecho, y que este aliente a las instituciones judiciales del país a realizar las investigaciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos contra personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y excombatientes de las FARC-EP". Además, la Comisión de Exteriores manifiesta "su preocupación por los graves hechos de violencia acontecidos en días recientes derivados por la reforma tributaria que impulsó el Gobierno y que han provocado numerosas víctimas, desde el reconocimiento al derecho a la protesta pacífica y la necesidad de investigar las graves violaciones a los Derechos Humanos que se hayan cometido en la represión de su libre ejercicio".
