<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Los preparativos de Pedro Sánchez para indultar este verano a los dirigentes independentistas catalanes condenados por sedición y malversación chocan con los intereses electorales del PSOE en sus feudos autonómicos, además de movilizar a la derecha en bloque.</strong></h4> El presidente del Gobierno se dispone a cumplir un compromiso con sus socios de investidura y de la moción de censura que le llevó al poder en junio de 2018 que <strong>puede tener un alto precio para su propio partido.</strong> Los diputados separatistas catalanes (los 13 de ERC, más los 8 de la antigua Convergencia) con sus jefes encarcelados o huidos de la Justicia suman 21 en el Congreso y la coalición gubernamental (PSOE más Podemos) sólo cuenta con 150 en una Cámara de 350 miembros. Como dejó claro el portavoz parlamentario de Esquerra,<strong> Gabriel Rufián</strong>, a Sánchez al hacerle presidente del Ejecutivo, <strong>“sin ERC no habrá legislatura”</strong>. Los de Oriol Junqueras, primer beneficiario del indulto anunciado, suelen contar además con el respaldo añadido de Bildu, los independentistas vascos herederos políticos de ETA, con otros 5 escaños en el Congreso. ERC ya demostró su fuerza a Sánchez al tumbarle los Presupuestos Generales del Estado en 2019 y forzar la convocatoria de elecciones. Cerrado en banda a los pactos de Estado con el PP, la aritmética parlamentaria obliga al jefe del Ejecutivo a contar con ese bloque independentista para sacar adelante cualquier proyecto, igual que lo necesitó para llegar al Palacio de la Moncloa.<strong> Ha retrasado lo que ha podido el pago de esa primera factura,</strong> <strong>pero el nuevo gobierno independentista exige ya cesiones</strong>, indultos e indulgencia para sus líderes, Junqueras y Carles Puigdemont. El problema para el PSOE del empeño personal de Sánchez en buscar un alivio judicial para los principales responsables de la intentona golpista del 1-O es el<strong> choque con su electorado en la mayor parte de España</strong>. Así lo han interpretado<strong> Guillermo Fernández Vara y Emiliano García-Page</strong>, los únicos presidentes de Comunidad autónoma con que cuenta el PSOE que no dependen del apoyo de grupos locales. Las protestas en el seno del Partido Socialista no solo proceden de la vieja guardia de la formación como <strong>Felipe González y Alfonso Guerra,</strong> sino de sus feudos reserva de votos como Castilla-La Mancha y Extremadura, donde reside el grueso de su poder autonómico. En la Comunidad Valenciana, <strong>Ximo Puig</strong> gobierna en coalición con la izquierda nacionalista y populista resulta ser el único dirigente o barón socialista dispuesto a defender el indulto para los sediciosos. Los dirigentes autonómicos temen ser los primeros en sufrir el desgaste de la operación de su secretario general para contentar a los separatistas. E<strong>n La Moncloa confían en que la opinión pública se olvide del nuevo cambio de guion de Sánchez para cuando termine la legislatura a finales de 2023,</strong> pero los barones del PSOE se examinarán en las urnas seis meses antes. Además, no podrán contar para entonces con la ventaja de enfrentarse a una derecha dividida en tres (como ocurrió en los comicios autonómicos de hace dos años) por la previsible desaparición de Ciudadanos. Como confirmaron las elecciones en Madrid y las encuestas posteriores, la coalición de Sánchez con Podemos y el hecho de que se apoye en los partidos separatistas espanta a muchos electores moderados, también a los propios del PSOE. Y son esos votantes socialistas más “clásicos” los que permiten a García-Page, Fernández Vara (también a Javier Lambán en Aragón) mantener su poder. Como reconocen los socialistas críticos, el empeño de Sánchez en contentar a los separatistas catalanes puede resultar aceptable e incluso <strong>interesante desde el punto de vista del PSC y sus bases más nacionalistas, pero letal para los intereses del PSOE en el resto de España</strong>. Los indultos y las cesiones que puedan venir después dejan la defensa del constitucionalismo en manos de un PP que recuperó la moral con la victoria en las elecciones de Madrid, dispuesto a integrar lo que quede de Ciudadanos, sin competencia por el centro, e incluso con la aspiración de atraerse a sectores de votantes socialdemócratas escandalizados por la deriva de Sánchez. Solo Vox complica el plan de Pablo Casado de agrupar a todo lo que queda a la izquierda del PSOE.
