<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno ha decidido retirar su iniciativa para modificar el mecanismo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que había recibido fuertes críticas de la Comisión Europea y de las asociaciones de jueces españolas por considerar que ponía en peligro la independencia judicial y la separación de poderes.</strong></h4> El <strong>ministro de Justicia, Juan Carlos Campo</strong>, anunció ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo ha pedido a los grupos parlamentarios que habían registrado la iniciativa, PSOE y Podemos, que la retiren. “El presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) ya dijo que estaba congelada”, pero “evidentemente ha habido revuelo” y “si eso ayuda, el Gobierno va a instar a los grupos que la presentaron a que valoren retirarla”, añadió Campo. Se trata de “una decisión del Gobierno, de todo el Gobierno”, añadió el ministro, quien se reunió este pasado lunes en Bruselas con <strong>la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová</strong>, para adelantarle de la intención del Gobierno de pedir la retirada de la iniciativa. “Lo que es verdaderamente importante es que quien está bloqueando la renovación del Consejo dé un paso atrás y se ponga a renovar los órganos constitucionales a los que hay obligación”, advirtió Campo, en referencia al PP. Por su parte, <strong>el comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders</strong>, calificó ayer de “buena noticia” la decisión del Gobierno, pero advirtió de que “no es suficiente”. “Es muy importante que se complete la renovación del Consejo General del Poder Judicial para estar en línea, completamente, con los estándares europeos. Ese debe ser el siguiente paso”, prosiguió el comisario durante un encuentro con periodistas. Por ello, instó a “todas las fuerzas políticas” a “sacar adelante reformas estructurales que permitan a España cumplir con los estándares europeos” y expresó su deseo de que, <strong>“en el futuro”, se apruebe “una reforma en España para que al menos el 50% de los miembros sean elegidos por los jueces”.</strong> La noticia coincidió también con la celebración del <strong>Consejo de Asuntos Generales de la UE</strong>, en el que participó por videoconferencia <strong>el secretario de Estado de la Unión Europea, Juan González-Barba</strong>, y en el que se desarrolló una nueva sesión del <strong>Diálogo Anual sobre Estado de Derecho, dedicada, en este caso, a las situaciones en Alemania, Irlanda, Grecia, España y Francia. </strong>Durante su intervención, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, González-Barba abordó precisamente <strong>“la situación del CGPJ pendiente de renovación desde diciembre de 2018”</strong>, uno de los cinco asuntos relativos a España que aparecen recogidos en el Informe Anual sobre Estado de Derecho en la UE 2020, elaborado por la Comisión Europea. Desde que Pedro Sánchez anunció en octubre de 2020 su intención de reformar el CGPJ para designar a sus miembros sin contar con el PP, el <strong>Ejecutivo europeo ha seguido de cerca el tema y ha lanzado varios avisos</strong>, en los que recordaba que cualquier reforma judicial debe pactarse con los actores políticos relevantes y la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa para asuntos legales y constitucionales. El pasado 12 de abril, tres de las más importantes asociaciones de jueces en España (la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, que representan a <strong>más de 2.500 jueces españoles</strong>) se dirigieron mediante carta a Vera Jourová y a Didier Reynders para expresar su “inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España” y para “poner de manifiesto el riesgo a que se ve sometido el Estado de Derecho en España a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en trámite”. Asimismo, pidieron a la Comisión que instase al Gobierno de España a ajustar sus reformas legislativas al Tratado de la UE (TUE) y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que, “en última instancia y de no subsanarse la situación denunciada”, se iniciase el procedimiento previsto en el artículo 7 del TUE, que permite sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea.
