The Diplomat
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso ayer que el Fondo Monetario Internacional (FMI) cree un nuevo fondo fiduciario para beneficiar particularmente a los países en desarrollo con mayores niveles de desigualdad, ya que la simple asignación de nuevos derechos especiales de giro (DEG) «no va a ser suficiente».
Sánchez hizo esta propuesta durante su intervención, por videoconferencia, en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno sobre la Arquitectura de la Deuda Internacional y la Liquidez, convocada por el primer ministro de Canadá, el primer ministro de Jamaica y el secretario general de Naciones Unidas.
El jefe del Ejecutivo manifestó durante su intervención que “la pandemia del COVID-19 está causando estragos en las economías de los países en desarrollo, aumentando sus niveles de pobreza y también de desigualdad”, por lo que apoyó la emisión de nuevos derechos especiales de giro «para ayudar a aliviar estos problemas de liquidez».
Esta nueva emisión fue propuesta la semana pasada por la directora general del Fondo, Kristalina Georgieva, que espera repartir entre sus miembros DEG por valor de 650.000 millones de dólares (552.000 millones de euros).
Los DEG son los activos creados por el FMI en 1969 como una reserva internacional y complementaria.
Sin embargo, Sánchez consideró que esta emisión no será suficiente, ya que los países de rentas más bajas únicamente recibirán el 3,3% de esos derechos, al tiempo que las economías latinoamericanas, recibirán menos del 8%.
«Si los países del G20 cediesen el 10% de sus nuevos DEG, se duplicaría con creces la financiación adicional para los países de bajos ingresos», aseguró el jefe del Ejecutivo, quien propuso la creación del citado fondo fiduciario con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo que tengan mayores niveles de desigualdad, elevadas tasas de pobreza y se hayan visto afectados por la pandemia.
Además, Pedro Sánchez propuso extender la moratoria de deuda a países pobres hasta finales de 2021. Esta medida fue acordada en abril por el G20, en coordinación con el FMI, el Banco Mundial y el Club de París. En un primer momento se estableció como plazo máximo finales de 2020, pero en octubre fue extendida hasta mediados de 2021.
