The Diplomat
El Gobierno español expresó ayer su compromiso de seguir trabajando para lograr que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sea pronto ratificado, según indica una nota distribuida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, al cumplirse 30 años de la creación del mecanismo de integración regional suramericano.
El Mercado Común del Sur (Mercosur) fue constituido el 26 de marzo de 1991 por Argentina Brasil, Paraguay y Uruguay. En 2012 se incorporó Venezuela, pero a finales de 2016, se decidió su suspensión por entender que el régimen bolivariano no cumplía los criterios del grupo en materia de comercio, política, democracia y derechos humanos. Bolivia, por su parte, se encuentra en proceso de adhesión.
En el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, expresa a los integrantes de Mercosur su más “decidido apoyo a un proceso de integración regional que ha contribuido ciertamente al progreso económico y social de países con los que España mantiene las mejores relaciones”.
España destaca que, a pesar de las dificultades surgidas, el camino, el Mercosur ha conseguido avanzar durante estos treinta años en su objetivo de crear un espacio común de oportunidades comerciales y de inversiones, a través de la apertura de las economías nacionales a un marco regional propio y con el propósito de una apertura gradual al exterior pese a tendencias proteccionistas.
“El éxito del Mercosur no es solo económico, sino también político, pues sus cuatro países fundadores siguen promoviendo la democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos como sus valores fundamentales”, subraya.
A continuación, asegura el Gobierno español que seguirá trabajando para conseguir la pronta ratificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur, que ha llevado más de dos décadas de pormenorizada negociación y que supondría la creación de uno de los mayores bloques comerciales del planeta.
“El Acuerdo -dice el comunicado- constituye la mejor herramienta para crear una asociación estratégica de dos regiones con los mismos principios y valores, en un contexto de emergencia de otros proyectos que cuestionan dichos valores o los ponen en segundo plano”.
“Todo ello -agrega- mediante el establecimiento de instrumentos que aseguren beneficios equitativos para los ciudadanos de ambas regiones y una adecuada protección del medio ambiente, del desarrollo sostenible y de los derechos laborales”.
