<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad para Carles Puigdemont ha abierto un nuevo capítulo en las fracturas internas del Gobierno de coalición y amenaza incluso con tambalear las bases parlamentarias del Ejecutivo de Pedro Sánchez.</strong></h4> El suplicatorio presentado en 2020 por el Tribunal Supremo para que se levante la inmunidad parlamentaria al <strong>ex presidente de la Generalitat de Cataluña y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí </strong>salió adelante este pasado lunes con 400 votos favorables (el grueso del Partido Popular Europeo, los socialistas y los liberales), 248 en contra (Los Verdes y la Izquierda, además de la ultraderechista francesa Marine Le Pen, entre otros) y 45 abstenciones. Entre los <strong>59 eurodiputados españoles</strong>, el suplicatorio contó con el apoyo de los diputados del PSOE (21), PP (13), Ciudadanos (siete) y Vox (cuatro) y del eurodiputado liberal Javier Nart, y fue rechazado por los cinco diputados de Unidas Podemos, los tres de JxCat, los dos de ERC y los diputados (uno por partido) de IU, PNV y Bildu. Los eurodiputados de <strong>Unidas Podemos</strong> (socio de Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición) justificaron su voto en contra con el argumento de que “el conflicto político en Cataluña” no debe “judicializarse” y debe “resolverse por vías políticas y mediante el diálogo”. En el mismo sentido, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, <strong>Jaume Asens</strong>, afirmó que “votar en contra de retirar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí era votar en contra de la judicialización de la política”. En respuesta, la socialista <strong>Iratxe García</strong>, presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, declaró en rueda de prensa tras la votación que “será Podemos quien tenga que explicar por qué ha tomado la decisión de no cooperar con la justicia”. La nueva discordia interna en el Gobierno de coalición se une a otras muchas polémicas generadas en los últimos tiempos. Entre las más sonadas destacan las declaraciones ofrecidas hace un mes al diario <em>Ara</em> por <strong>el líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias</strong>, en las que afirmó que en España no hay plena normalidad democrática porque “de los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, el uno está en la cárcel y el otro en Bruselas”. Para complicar aún más las cosas a Pedro Sánchez, <strong>Gabriel Rufián</strong>, portavoz parlamentario de uno de los partidos independentistas que le apoyaron en la votación de investidura, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), amenazó ayer con retirar su apoyo al Gobierno de coalición. “Si siguen así lo acabaran celebrando en sus casas, y no en Moncloa”, declaró durante una rueda de prensa en el Congreso, en la que tampoco eludió las críticas a Unidas Podemos. “Cansa ver que algunos de este Gobierno hagan <em>tuits</em> muy bonitos de denuncia de la situación (de los presos)” sin hacer nada concreto durante las reuniones del Consejo de Ministros, lamentó. En cuanto al resto de las reacciones, Arancha González Laya declaró que la decisión del Parlamento Europeo lanza un “triple mensaje”. “El primer mensaje”, afirmó, “es que un eurodiputado no puede prevalerse de su condición” para negarse a comparecer ante “justicias nacionales por posibles violaciones de legislaciones nacionales”. Aparte, la Eurocámara lanza <strong>“un segundo mensaje de solidez del Estado de derecho de España, de respeto al trabajo de la justicia española”</strong>, y deja claro, y ese es el “tercer mensaje”, que <strong>“los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa”</strong>. “Esta es precisamente la línea que ha venido manteniendo el Gobierno de España, tendiendo la mano a todas las fuerzas políticas catalanas para buscar una solución a los problemas de Cataluña a través del diálogo y de la negociación, y este es el mensaje que hoy también recibimos del Parlamento Europeo”, añadió. Por su parte, el <strong>presidente del PP, Pablo Casado</strong>, denunció a través de Twitter que “los socios del Gobierno de Sánchez votan en contra de levantar la inmunidad de Puigdemont para evitar que responda ante la justicia española por dar un golpe a la legalidad y la unidad nacional, pero no lo han conseguido”, y <strong>la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas</strong>, calificó la votación de “gran noticia y gran triunfo de la democracia” y declaró que “los valores de la UE son contrarios al nacionalismo y sus ataques al Estado de Derecho”. Tal como era de esperar, <strong>Carles Puigdemont</strong> criticó duramente el resultado de la votación. “Hoy es un día triste, hemos perdido la inmunidad, pero el Parlamento Europeo ha perdido todavía más, ha perdido la democracia europea”. En todo caso, advirtió, “a pesar de la presión de las delegaciones españolas, un 42% del Europarlamento no ha secundado esta vía”. “Han conseguido lo que querían, nos han levantado la inmunidad, pero ¿a qué precio?”, añadió el ex presidente catalán, quien también anunció que recurrirá el suplicatorio ante el Tribunal de Justicia Europeo. Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, calificó la decisión de la Eurocámara y se mostró convencido de que Bélgica volverá a denegar la extradición del ex presidente y los ex consellers. <h5><strong>Bélgica</strong></h5> El resultado de la votación no obliga a Puigdemont, Comín y Ponsatí a perder sus escaños en la Eurocámara ni implicará su extradición automática, pero sí permitirá que <strong>se reinicien las euroórdenes</strong> que quedaron paralizadas después de recoger sus actas como eurodiputados. Por ello, la suerte de los tres políticos catalanes vuelve a depender de <strong>la justicia belga</strong>, que ya el pasado mes de enero rechazó de manera definitiva una Orden de Detención Europea (ODE) contra el ex conseller Lluís Puig por considerar que el Tribunal Supremo español no es competente para solicitarla. Por ese motivo, el juez <strong>Pablo Llarena</strong> ha presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para que se posicione sobre esta decisión de la justicia belga y delimite los casos en que se puede negar una extradición. Precisamente, la votación en la Eurocámara coincidió con una reunión telemática entre <strong>el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y su homólogo de Bélgica, Vicent Van Quickenborne</strong>, en el curso de la cual Campo presentó a la nueva <strong>Magistrada de Enlace ante las autoridades de Bélgica, la fiscal Paloma Conde-Pumpido García</strong>. La Magistratura de Enlace fue creada el pasado mes de diciembre con el objetivo de “reforzar la cooperación jurídica entre las autoridades competentes y mejorar el conocimiento de los respectivos sistemas jurídicos”, según informó el Ministerio.
