<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, defendió ayer en sede parlamentaria el reciente preacuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar, un acuerdo que, aseguró, permitirá a España “tomar la iniciativa por primera vez en 300 años” y que no implica la renuncia a la “irrenunciable reivindicación histórica” de la soberanía ni, “por lo tanto, a la co-soberanía”.</strong></h4> El preacuerdo es “un plan del siglo XXI” y <strong>“un paso de la palabrería a los hechos”</strong>, que reforzará<strong> “en el terreno práctico los intereses nacionales” </strong>y que representa un<strong> “punto de inflexión en nuestra relación con Reino Unido en lo referente a Gibraltar”, </strong>aseguró la ministra durante su comparecencia, a petición propia, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE para explicar el acuerdo del pasado 31 de diciembre. El pacto hispano-británico, cuya ratificación por parte de las instituciones estimó en un plazo de seis meses, permitirá que <strong>España tenga “la última palabra” en la aplicación del Tratado de Schengen</strong>, tanto en lo que respecta al paso de personas como al paso de mercancías, según explicó la ministra. En función del acuerdo, la frontera física desaparecerá de la Verja y sus funciones se desplazarán al puerto y el aeropuerto, mientras que los controles de acceso de las personas a Gibraltar y al Espacio Schengen corresponderán a las autoridades de Gibraltar y España, respectivamente. No obstante, aunque España será la responsable de la aplicación de Schengen, lo hará a través de la asistencia de Frontex durante los primeros cuatro años, tras lo cual sólo se ratificará el acuerdo si las dos partes lo desean. En todo caso, todavía falta por determinar qué cuerpos y fuerzas de seguridad se encargarán de la vigilancia en el puerto y el aeropuerto, algo que se sabrá a lo largo de los próximos seis meses, según declaró el pasado domingo la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García. Al respecto, el <strong>ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo</strong>, ha advertido reiteradamente de que España no ejercerá “ningún tipo control” en el puerto ni en el aeropuerto, porque “solo Gibraltar decide quién entra en Gibraltar”, y este mismo martes aseguró que su gobierno no permitirá, bajo ningún concepto, que las fuerzas seguridad españolas tomen el relevo de Frontex cuando concluya el periodo de cuatro años. <strong>Consecuencias de un no acuerdo</strong> Durante su intervención ante la Comisión Mixta, González Laya aseguró que <strong>si España no hubiera alcanzado el acuerdo con Londres</strong>, en Gibraltar no sólo se hubiera producido “el único <em>Brexit</em> duro en toda la Unión Europea”, sino que la Verja “hubiera pasado a ser más rígida y más dura, como ya sucedió en tiempos pasado”. Aparte, Reino Unido hubiera consolidado el carácter “colonial” del Peñón y, por tanto, la separación del territorio británico y de sus ciudadanos del resto de España, y para España hubiera representado <strong>un coste económico de alrededor de 8.000 millones</strong>, especialmente en sectores como el automovilístico, el agroalimentario o el químico. La economía de la zona española del Campo de Gibraltar también hubiera resultado “gravemente dañada”, según González Laya, dado que el 15% del PIB de la comarca “depende y respira de Gibraltar, nos guste o no”. La ministra aseguró también que, si no se hubiera alcanzado el acuerdo, “<strong>España hubiera perdido capacidad de influencia y control de este territorio al menos por una generación</strong>”, mientras que, gracias al preacuerdo, <strong>“por primera vez en 300 años, España recupera protagonismo en los asuntos de Gibraltar y toma la iniciativa con un claro plan de futuro para el Campo de Gibraltar y la zona del Estrecho”</strong> y con la posibilidad de crear una zona de “prosperidad compartida”. <strong>“Si lo que se pretende es otros 300 años de mantener reivindicación y ser ignorados, desde luego un no acuerdo hubiese contribuido en gran manera a este resultado”</strong>, manifestó. Respecto al tema de la <strong>soberanía</strong>, la ministra afirmó que el objetivo del Gobierno es que, en el futuro, “Gibraltar no sea una cuestión que enfrente a España y Reino Unido, en la que medida en que hayamos conseguido aparcar las cuestiones de soberanía hasta que las circunstancias nos permitan abordarlas en beneficio de todos”. <strong>La soberanía es una “irrenunciable reivindicación histórica” y “no hemos renunciado a la soberanía y, por lo tanto, no hemos renunciado a la co-soberanía, pero no nos podemos quedar otros 300 años ahí”</strong>, declaró. Por ello, añadió, es necesario apostar por la búsqueda de “beneficios concretos” para los ciudadanos y, por ello, el éxito de este acuerdo permitirá a españoles y gibraltareños “descubrir muchos elementos que nos unen y explorar nuevos cauces para abordar los muchos intereses comunes que compartimos, desde el respeto a cómo cada uno se ve a sí mismo”. En sus turnos de réplica, <strong>el senador y portavoz del Grupo Popular en la Comisión Mixta, Rubén Moreno Palanques</strong>, afirmó que “el preacuerdo del <em>Brexit </em>se resume en que España vuelve a perder Gibraltar” y renuncia a la “co-soberanía”. “De momento, eso de que España tendrá control efectivo sobre la entrada en Gibraltar ya ha sido desmentido por Picardo, al que usted ha alabado”, prosiguió. “Uno u otro no está diciendo la verdad”, añadió. Por su parte, <strong>el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros</strong>, afirmó que el preacuerdo supone “una cesión de soberanía sin precedentes” en 300 años y contribuye a “dar continuidad a un paraíso fiscal”, mientras que <strong>la portavoz de Ciudadanos, Marta Martín Llaguno</strong>, acusó a la ministra de “vender la piel del lobo antes de cazarlo, con un bombo y plantillo que no se corresponde con la realidad”.
