<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado ha instado al Gobierno a solicitar a las autoridades de Filipinas la detención de tres agentes de Policía acusados de la muerte del ciudadano español Diego Bello Lafuente, fallecido en este país el 8 de enero de 2020.</strong></h4> <strong>Diego Bello, ciudadano coruñés de 32 años, murió después de recibir seis disparos de la Policía filipina en la isla filipina de Siargao</strong>. Las autoridades filipinas aseguraron que la muerte se había producido “en legítima defensa” porque Bello había disparado en el momento en que era detenido por tráfico de drogas de alto valor, pero un informe toxicológico realizado en el Instituto de Medicina Legal en Madrid, a petición de la Audiencia Nacional, descartó que Diego hubiera consumido algún tipo de estupefacientes al menos en los ocho meses anteriores a su muerte y demostró que no había realizado disparos, ya que no se encontraron restos de pólvora en sus manos. <strong>El pasado mes de marzo, la Justicia filipina ordenó la detención de tres policías implicados en la muerte de Bello, sobre los que pesan cargos de asesinato y manipulación de pruebas. No obstante, los agentes acusados continúan libres.</strong> Por ese motivo, la Comisión de Exteriores del Senado aprobó el pasado 2 de noviembre, con 13 votos a favor y 15 abstenciones, una moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado en la que se insta al Gobierno a solicita al Gobierno de Filipinas, así como a sus autoridades policiales, <strong>“que acaten la orden del Juzgado que conoce esta causa y se proceda a la de detención y entrega de los tres policías acusados de la muerte del español fallecido en Filipinas el 8 de enero de 2020 y se les ponga a disposición judicial”.</strong><strong> </strong>Las quince abstenciones fueron del Grupo Socialista, que, aunque se mostró “al 98,9 % de acuerdo” con la propuesta, argumentó que “un Gobierno soberano no puede inmiscuirse en el sistema judicial de otro Gobierno soberano, estemos más de acuerdo o en desacuerdo con ellos”. De acuerdo con la moción aprobada, al menos uno de los disparos que recibió Bello “fue hecho a escasa distancia y cuando el cuerpo de Diego ya estaba tendido en el suelo”. “La autopsia previa realizada en Filipinas a instancias de la familia, la CHR y la Embajada de España coincide en esa misma conclusión”, prosigue. “Por su parte, las imágenes de las cámaras de seguridad de su local demuestran que momentos antes de regresar a su domicilio no portaba una arma ni mochila o riñonera donde esconderla”, añade. Por otra parte, <strong>tanto los testimonios de los testigos como el informe forense realizado en España y la investigación elaborada por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR) “despiertan dudas respecto a las circunstancias en las que se produjo su muerte” y, de hecho, el informe de la Comisión afirma que “todo apunta a una ejecución sumaria”. </strong> Diego Bello, recuerda el Grupo Popular<strong>, “no tenía antecedentes penales ni había estado involucrado en incidente alguno relacionado con la compra, venta o consumo de estupefacientes durante su residencia en países tan diferentes como España, Reino Unido, Tailandia, Australia, Honduras o Filipinas”</strong> y tampoco “se ha podido demostrar que portara drogas ni arma alguna en el momento de recibir los disparos”. “Quienes le conocieron destacan su estilo de vida sano y deportista y su carácter emprendedor, lo que le llevó a fundar y desarrollar con éxito cinco empresas en filipinas, su último país de residencia”, añade el Grupo Popular. En un principio, la moción del PP (redactada en diciembre de 2020) instaba al Gobierno a reclamar a Filipinas “una investigación imparcial que permita esclarecer las circunstancias de la muerte de Diego Bello Lafuente, determinando la identidad y paradero de los presuntos autores de los disparos y estableciendo medidas cautelares que eviten su posible fuga antes de un eventual juicio” y a solicitar a Manila “toda la documentación judicial de la que pudiera disponer” sobre el caso. No obstante, <strong>tras conocerse la acusación y la falta de actuaciones contra los tres agentes, el propio Grupo Popular introdujo una enmienda de modificación el pasado 31 de octubre que reduce el texto a una sola petición:</strong> “La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno a que, en aras de la relación de amistad y cooperación diplomática entre nuestros países, y en aplicación del Tratado sobre asistencia judicial en materia penal suscrito entre el Reino de España y la República de Filipinas en Manila el 2 de marzo de 2004 (…), solicite al Gobierno de Filipinas, así como a sus autoridades policiales, que acaten la orden del Juzgado que conoce esta causa y se proceda a la de detención y entrega de los tres policías acusados de la muerte del español fallecido en Filipinas el 8 de enero de 2020 y se les ponga a disposición judicial”.
