Redacción The Diplomat
La residencia de la Embajada de Italia en Madrid acogió esta semana un debate de alto nivel sobre uno de los grandes desafíos políticos de nuestro tiempo: la capacidad de las democracias liberales para preservar el Estado de derecho en un contexto internacional marcado por la polarización, el auge de los autoritarismos y la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones.
El encuentro tuvo lugar con motivo de la presentación de Sobre el imperio de la ley, la última obra del jurista español Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association, y reunió a destacadas personalidades del ámbito jurídico, diplomático e institucional. La conversación principal enfrentó dos perspectivas complementarias sobre la gobernanza democrática: la del propio Cremades y la de Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en un diálogo moderado por la periodista María Rey.
La sesión fue inaugurada por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, mientras que el embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, ejerció de anfitrión de una cita a la que asistieron numerosos embajadores acreditados en Madrid, representantes del mundo jurídico y destacados miembros de la sociedad civil.
Más allá de la presentación de un libro, el debate se convirtió en una reflexión sobre la creciente tensión entre el imperio de la ley y las dinámicas de poder que caracterizan el actual escenario internacional. Borrell insistió en una idea que ha acompañado buena parte de sus intervenciones públicas desde su salida de la diplomacia europea: la diferencia entre un orden basado en normas y otro sustentado exclusivamente en relaciones de fuerza.
En un momento en que conflictos como la guerra de Ucrania, las tensiones en Oriente Próximo o el cuestionamiento de instituciones democráticas en distintas regiones del mundo ponen a prueba la arquitectura liberal internacional, el ex jefe de la diplomacia europea subrayó que ninguna norma puede resultar efectiva si no existe capacidad para hacerla cumplir. La observación conectó directamente con uno de los grandes debates geopolíticos actuales: la distancia creciente entre la legitimidad jurídica internacional y la capacidad real de los actores multilaterales para garantizar su aplicación.
Por su parte, Cremades alertó sobre el avance de modelos políticos que combinan mecanismos democráticos formales con prácticas cada vez más autoritarias. Según el presidente de la World Jurist Association, la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones representativas constituye uno de los principales factores que alimentan esta deriva.
Durante el coloquio, ambos participantes coincidieron en señalar que las democracias occidentales atraviesan una etapa de vulnerabilidad institucional que exige reforzar tanto la cultura constitucional como el respeto a las reglas comunes. En este sentido, Cremades recordó que constituciones hoy consideradas consolidadas, como las de España, Italia o Alemania, son relativamente recientes desde una perspectiva histórica y continúan siendo proyectos políticos en permanente construcción.
La dimensión europea también estuvo presente en las intervenciones. El embajador Buccino Grimaldi destacó en su discurso inicial que el Estado de derecho no puede entenderse como una conquista irreversible, sino como un equilibrio que requiere instituciones sólidas, respeto por los procedimientos y aceptación de los límites que las constituciones imponen al ejercicio del poder político.
Una de las reflexiones más relevantes de la jornada giró en torno a la relación entre justicia y política. En un contexto en el que numerosos países democráticos viven intensos debates sobre la independencia judicial y la legitimidad de las decisiones de los tribunales, los participantes coincidieron en que la verdadera fortaleza del Estado de derecho se demuestra cuando se respetan también aquellas resoluciones con las que se discrepa.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, evocó precisamente ese principio al reivindicar la Constitución española de 1978 como el marco que ha permitido el periodo más prolongado de estabilidad democrática en la historia contemporánea del país. Aunque reconoció que la actualidad internacional ofrece numerosos ejemplos donde prevalece la fuerza sobre el derecho, defendió que la ley aprobada democráticamente y aplicada de forma imparcial sigue siendo la única alternativa viable para las sociedades libres.
La intervención por vídeo de Stephan Harbarth, presidente del Tribunal Constitucional Federal alemán, reforzó esa idea al advertir sobre el clima de incertidumbre y temor que atraviesan muchas democracias occidentales. En su mensaje, recordó que la defensa del Estado de derecho constituye una condición indispensable para la preservación de la libertad política y de la democracia misma.
El acto concluyó con una reflexión sobre la interpretación jurídica y la inevitable falibilidad del juicio humano. A través de distintos ejemplos jurisprudenciales, Borrell y Cremades analizaron cómo los cambios sociales y culturales terminan influyendo en la evolución de las decisiones judiciales, un fenómeno que demuestra que el Estado de derecho no es únicamente un conjunto de normas, sino también una construcción viva que evoluciona junto a las sociedades a las que sirve.
En un momento de creciente incertidumbre geopolítica, la conversación celebrada en Madrid dejó una conclusión compartida: la defensa del Estado de derecho ya no es únicamente una cuestión jurídica o constitucional, sino un elemento central de la competición entre modelos políticos que define el orden internacional del siglo XXI.
