<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La nueva Ley de Memoria Democrática (popularmente conocida como la “Ley de Nietos”), que entró en vigor la pasada semana, va a obligar a reforzar los consulados de España en países como Argentina, Cuba o México, en los que se espera una verdadera avalancha de solicitudes para adquirir la nacionalidad española. Las diversas fuentes estiman entre 200.000 y 300.000 el número de hijos y nietos de españoles que se podrían beneficiar de esta nueva norma. </strong></h4> <strong>La ley define los criterios que deberán cumplirse para poder lograr la nacionalidad española “como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio”.</strong> Concretamente, establece que podrán adquirir la nacionalidad “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. Asimismo, podrán solicitar la nacionalidad “los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978” y “los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen” en virtud de la presente ley o de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007. <strong>Tras la entrada en vigor de la ley, los solicitantes dispondrán de dos años para poder hacer la tramitación,</strong> aunque existe la posibilidad de un año de prórroga si el Consejo de Ministros así lo acordase al término de los dos primeros años. Con la anterior Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se nacionalizaron alrededor de 250.0000 personas, cerca de la mitad de las peticiones presentadas por descendientes de exiliados del franquismo ante los consulados de Francia, México, Argentina, Venezuela y Cuba. Aquel plan tardó algunos años en desarrollarse ya que, aunque la norma entró en vigor en 2007, hubo que esperar hasta 2009 para que el Ministerio de Asuntos Exteriores contase con el presupuesto necesario para incrementar en 150 efectivos el personal de los consulados en América del Sur más afectados, concretamente los de Argentina, Cuba, México, Uruguay y Chile. Respecto al número de personas que podrían beneficiarse de esta nueva ley, fuentes de Exteriores consultadas por <em>The Diplomat</em> no han podido adelantar ninguna estimación porque “es muy difícil saber la intención de la gente que lo puede solicitar y cuántas personas pueden tener derecho”. No obstante, <strong>medios próximos a la emigración estiman entre 200.000 y 300.000 el número de hijos y nietos de emigrantes que podrían acogerse a la nueva norma en Argentina, Cuba y México</strong>. En declaraciones al diario <em>Público</em>, David Casarejos, presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), advirtió de que se espera una “avalancha” de peticiones. Según la prensa argentina, <strong>los responsables de la oficina consular de Buenos Aires, la de mayor dimensión y representación de España en todo el mundo, esperan alrededor de 60.000 peticiones</strong>. La responsable de la delegación de la Xunta de Galicia en Buenos Aires, Susana Carbia, declaró recientemente que miles de nietos y bisnietos de emigrados iniciaron este pasado verano los trámites ante los registros civiles para certificar sus raíces en España, “en muchas ocasiones aportando nada más que un apellido y la creencia de la procedencia de un municipio de alguno de sus familiares”. En <strong>Cuba</strong>, una asociación española, la Asociación Autonomía Concertada para Cuba, ha informado de que el censo de población de 1933 registraba cerca de 840.055 españoles en la isla, aunque apenas una cuarta parte de ellos habían nacido en España. Las cifras se dispararon tras la Guerra Civil, según la Asociación, que estima que, entre hijos y nietos, en la isla residen actualmente más de un millón de habitantes de origen español, de un total de once millones de habitantes en total. El pasado martes, <strong>la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Ángeles Moreno</strong>, admitió ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso que, con la nueva ley, se van a producir “avalanchas” de “solicitudes de nacionalidad española” ante los distintos consulados, con mención especial a Argentina, Cuba y México, lo que va a obligar a “reforzar las plantillas” de estas oficinas consulares. El Ministerio de Asuntos Exteriores prevé un fuerte aluvión de solicitudes en los consulados desde los primeros días de entrada en vigor de la ley. Según informó el diario <em>THE OBJECTIVE</em>, <strong>el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares</strong>, ha enviado <strong>una circular interna a las embajadas y consulados de España en el extranjero en la que les apremia a estar listos ante el “volumen significativo”</strong> de solicitudes de nacionalidad que les van a llegar en los próximos meses. En cuanto a los recursos humanos, el ministro anuncia en su circular que <strong>“se reforzarán” los consulados “que se espera sufran un mayor impacto (…), tomando como referencia de partida los datos de carga de trabajo que en su día generó la Ley de Memoria Histórica”.</strong> Asimismo, Albares advierte también de la necesidad de acelerar las solicitudes de nacionalidad pendientes de la anterior ley de 2007, teniendo en cuenta que entre los beneficiarios de la nueva norma “se encuentran, precisamente, los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen”.
