Eduardo González
La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que le informe sobre la inspección abierta hace tres meses en relación con las supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos por parte del embajador de España en la India, Juan Antonio March Pujol.
Varios medios de comunicación han acusado a March de presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos relacionadas con la supuesta realización de actividades culturales sin la debida autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la supuesta financiación de eventos organizados por empresas privadas sin los controles obligatorios y con el uso irregular del pasaporte diplomático en favor de familiares para fines distintos de las funciones oficiales.
Juan Antonio March fue nombrado embajador español en la India en junio de 2024 por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en sustitución de José María Ridao. En el momento de su nombramiento, March llevaba más de doce años fuera de la Carrera Diplomática.
Se da la circunstancia de que, desde que Ridao solicitó su salida del puesto, en diciembre de 2023, el Gobierno tuvo que esperar cinco meses para que las autoridades indias concedieran el plácet para March (a finales de mayo de 2024), un periodo inusualmente largo entre dos países que no mantienen ningún tipo de discrepancia bilateral. Fuentes consultadas por The Diplomat atribuyeron esta tardanza al deseo del Gobierno de Narendra Modi de expresar, de alguna manera, su desacuerdo con el nombramiento de March.
Juan Antonio March está considerado una persona muy próxima al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, quien se habría interesado, precisamente, ante las autoridades indias por la tardanza en la concesión del plácet.
El pasado mes de febrero, la representación sindical de UGT en el Ministerio de Asuntos Exteriores solicitó la “destitución inmediata” de Juan Antonio March Pujol porque, advirtió, la situación en la Embajada en India había llegado a “un punto de no retorno” y, por ello, su permanencia podría representar un “grave deterioro institucional” para el Servicio Exterior del Estado.
La petición de UGT, según indicó en un comunicado, se basaba en “informaciones publicadas en prensa, denuncias internas y numerosas quejas recibidas directamente” en relación con supuestas “órdenes para destruir documentación oficial y borrar contenidos de los ordenadores de la Embajada, con el fin de eliminar rastros de gestión”, en detrimento de “cualquier estándar mínimo de legalidad, transparencia y responsabilidad administrativa”.
Según una carta remitida el pasado 14 de mayo al subsecretario de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Xavier Martí, el presidente de la ADE, Alberto Virella, recuerda que, el pasado 19 de abril, la asociación reclamó “una inspección amplia, rigurosa y profunda a la embajada de España en la India, a raíz de las preocupantes informaciones publicadas en varios medios de comunicación” y que él mismo ha mantenido “con el Embajador Inspector General de Servicios algunos intercambios de mensajes y conversaciones al respecto”.
Por ello, Virella pregunta a Martí si “la inspección iniciada por este Ministerio hace aproximadamente tres meses ha concluido o sigue en curso” y, en el caso de que haya concluido, si se pueden “conocer las conclusiones”. “También nos llama la atención y preocupa que, sobre todo de haberse cerrado la inspección, no se haya entrevistado a todos los funcionarios de la representación y que no se hubiera desplazado ningún inspector a la capital india”, prosigue.
“Todo ello, si no se desmiente, obliga a la Junta directiva de la ADE y a cualquier observador a considerar que el Ministerio no ha estado a la altura de las circunstancias y que ni siquiera ha aparentado haber llevado a cabo una inspección rigurosa y profesional”, advierte la asociación. “Este tipo de actuación perjudica la imagen del Ministerio y transmite a sus empleados públicos que su institución no atiende las informaciones que alertan de comportamientos indebidos en la Administración General del Estado o contrarios a la ley”, concluye.
ONUART
Juan Antonio March estuvo anteriormente destinado en Ginebra, donde simultaneó los cargos de representante permanente de España ante las Naciones Unidas y embajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), ambos entre 2004 y 2007. Desde el primero de los dos cargos, March ofreció (con el respaldo del entonces ministro, Miguel Ángel Moratinos) a las autoridades de Naciones Unidas que España se hiciera cargo de la renovación de la Sala XX del Palacio de Naciones de la ONU en esa localidad suiza, posteriormente renombrada como ‘Sala de los Derechos Humanos’.
En esta tarea, el embajador fue, por tanto, el principal artífice de la construcción de la Cúpula del pintor español Miquel Barceló en la citada sala. De acuerdo con su oferta, el Estado correría con el 30 por ciento del coste de la obra y el resto serían contribuciones privadas.
Tras la aceptación de la oferta, el Gobierno español presupuestó en 16, 6 millones de euros el coste del encargo al pintor Miquel Barceló, aunque finalmente, ese coste superó los 20 millones. La construcción de la cúpula estuvo rodeada de polémica, entre otras razones porque se destinaron a ella 500.000 euros con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), algo que el Gobierno intentó justificar señalando que la obra tenía como objetivo la promoción de los derechos humanos y el multilateralismo.
En 2017, el entonces presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, denunció en el Congreso de los Diputados irregularidades en la contribución del Estado a la cúpula, en los ejercicios de 2007 a 2011, indicando que “la aportación prevista, de cinco millones de euros en 2008, se elevó finalmente a 11,5 millones debido al incremento del coste y al incumplimiento de las previsiones de financiación por parte de las entidades privadas” y que el Estado tuvo que asumir un porcentaje mucho mayor del coste, ante la falta de aportaciones privadas.
La Cúpula de Barceló fue inaugurada el 18 de noviembre de 2008, con casi un año de retraso sobre la fecha prevista, y en presencia de los Reyes Juan Carlos y Sofía, de José Luis Rodríguez Zapatero, del entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, y del entonces primer ministro turco, Recep Tayip Erdogan, con quien el jefe del Ejecutivo español estaba promocionando la Alianza de Civilizaciones.
En el acto estuvo presente Juan Antonio March como vicepresidente de la Fundación ONUART, cargo que compatibilizaba con el de embajador de España en Rusia, un puesto que ejerció desde diciembre de 2007 hasta la llegada del PP al Gobierno, en diciembre de 2011. Desde entonces, se había dedicado a la Fundación ONUART, en la que ejerció la Presidencia hasta el pasado mes de febrero, cuando fue sustituido por José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de España.
