<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, aseguró ayer en Madrid que hay una “gran diferencia</strong><strong>” </strong><strong>entre el problema generado en España por el bloqueo de la renovación del Poder Judicial y los “problemas sistémicos” de falta de independencia de los jueces en Hungría y Polonia.</strong></h4> Durante su intervención en el Fórum Europa, el desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum -al que asistieron como invitados la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas-. <strong>Reynders aseguró que, durante las reuniones que mantuvo esta semana en España con Gobierno y partidos políticos, había apreciado un “compromiso genuino” para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)</strong> de manera que los jueces tengan un mayor papel en la designación de sus representantes. Según el comisario, las fuerzas políticas deben debatir esta reforma después de que se haya renovado el CGPJ, que se mantiene actualmente en funciones desde diciembre de 2018. Este pasado jueves, Reynders aseguró en el Congreso, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, que los partidos políticos españoles deberían ponerse de acuerdo para renovar “de forma prioritaria” el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para, “inmediatamente después”, iniciar el procedimiento de reforma del modelo de elección de los vocales. Esta propuesta choca con los propósitos del PP, que prefiere que tanto la renovación del CGPJ como la reforma del sistema se lleven a cabo a la vez. En todo caso, según afirmó ayer Reynders, durante sus entrevistas en Madrid había constatado que los partidos comparten una “preocupación" por la “crisis importante” que está provocando el bloqueo de la renovación del Consejo, que está impidiendo designar a magistrados en altos tribunales, como el Supremo, y había apreciado un “compromiso claro” por parte de las distintas fuerzas políticas en este sentido. Reynders aseguró que su objetivo es que se implementen las “recomendaciones” incluidas en el Informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en España, que se refieren tanto a la renovación del Consejo como a la reforma de su sistema de elección, y recordó que el informe también instaba a modificar la ley para que el mandato del fiscal general del Estado no coincida con el del Gobierno. En cualquier caso, el comisario destacó <strong>lo importante que sería para España que hay hubiera reformado el sistema de elección de los vocales del CGPJ cuando nuestro país ejerza la Presidencia del Consejo de la UE, en el segundo semestre de 2023. </strong>“Estaría muy bien que al comienzo de su Presidencia demuestre que fue posible implementar las distintas recomendaciones”, afirmó. Este avance tendría un “efecto reputacional” para el país y, para España, sería “importante demostrar que al comienzo de una tarea tan importante como la Presidencia ha sido capaz de llevar a cabo el camino correcto”. Durante su comparecencia del jueves en el Congreso, Reynders advirtió de que, en caso de no aplicar estas recomendaciones, el Tribunal de Justicia de la UE podría abrir un procedimiento de infracción contra España “por el incumplimiento de las normas relacionadas con la independencia de la Justicia”. No obstante, precisó, <strong>la situación del sistema judicial español es “buena” y existe una “gran diferencia” con lo ocurre en países como Polonia y Hungría, en los que aseguro que existen “problemas sistémicos” respecto a la independencia de los jueces</strong> y que, por ello, se están adoptando medidas de “sanción y presión” contra ellos. Al respecto, aseguró previamente en declaraciones a Radio Nacional de España, la UE podría “llegar a suspender fondos europeos destinados a Hungría en caso de que no se ponga en orden”. <h5><strong>Cataluña y Rusia</strong></h5> En el mismo acto, Reynders de mostró “seguro” de que las autoridades españolas lograrán aplicar en <strong>Cataluña</strong> la sentencia que obliga a que en los colegios de esta comunidad un mínimo del 25% de las clases se imparta en castellano e indicó que la situación legal de los fugados del ‘procés’ en distintos países europeos, como el expresidente catalán Carles Puigdemont, “depende de los jueces” y aseguró que el funcionamiento de la eurorden es “muy eficiente” en general, pero que la Comisión Europea estudiaría una propuesta de mejora si se le plantea formalmente desde la Eurocámara, algo todavía no ha sucedido. El comisario también informó de que España ya ha congelado 41 millones de euros de <strong>oligarcas rusos</strong> en cumplimiento de las sanciones comunitarias aprobadas por la invasión de Ucrania. En cuanto al conjunto de la UE, de momento se han embargado 14.600 millones de euros de empresarios ligados al Kremlin y las actuaciones más cuantiosas se han centrado en seis países. También se han congelado 300 millones de euros de reservas del Banco Central de Rusia. Según Reynders, en uno o dos países comunitarios no se había inmovilizado ningún activo ruso, mientras que en Hungría sólo se había actuado contra una partida de 3.000 euros. En cambio, en otros países se había actuado contra patrimonios de entre 1.000 y 3.000 millones de euros.
