Roberto Veiga González
Abogado y politólogo / Colaborador de la Fundación Alternativas
El escenario político cubano atraviesa una de sus etapas más paradójicas y, por ende, más definitorias. Recientemente, el Gobierno de la Isla ha dado muestras de un realismo político que, aunque tardío, resulta necesario: el reconocimiento oficial de canales de diálogo y la búsqueda de entendimiento con la administración de Estados Unidos. Este gesto, que pretende sustituir la retórica de la confrontación por la praxis de la diplomacia, podría interpretarse como un paso hacia la normalización. Sin embargo, para quienes analizamos la realidad cubana desde la urgencia de la reconstrucción nacional, surge una interrogante ineludible: ¿Puede una nación ser soberana hacia el exterior mientras sostiene una estructura que anula la agencia política de sus nacionales en el ámbito interno?
Históricamente, el discurso oficial ha intentado blindar la gestión estatal bajo un concepto de soberanía que se confunde con la «inmunidad del poder». Bajo esta premisa, la soberanía se ejerce hacia afuera para evitar la injerencia, pero se instrumentaliza hacia adentro para excluir la discrepancia. Es imperativo rectificar esta visión. La verdadera soberanía no reside en la capacidad del Estado para controlar su territorio o para sentarse en mesas bilaterales con «adversarios históricos»; la soberanía emana, única y exclusivamente, del ejercicio pleno de los derechos de una ciudadanía que se reconoce como sujeto de su propia historia.
Hoy, Cuba no solo padece una crisis económica sistémica; enfrenta una profunda crisis de interlocución. El Estado parece más dispuesto a concertar espacios de convivencia con Washington que con sus propios ciudadanos. Esta asimetría es política y moralmente insostenible. Un proceso de distensión que ignore el dolor de las familias, la existencia de prisioneros de conciencia y la asfixia de las libertades individuales no representa un camino hacia la paz social, sino una mera maniobra de supervivencia de las élites. La estabilidad de una República no se compra con créditos externos ni se garantiza mediante tratados internacionales; se construye, indefectiblemente, a través del consentimiento de los gobernados.
Nos encontramos en un punto de inflexión donde el riesgo de una «transacción» económica sin «transición» política es alarmantemente real. El peligro radica en que la apertura externa sea utilizada como un mecanismo para oxigenar estructuras inmovilistas, permitiendo una reforma económica fragmentada que beneficie a sectores minoritarios mientras mantiene un control social férreo sobre la mayoría. Una Cuba que se abre al capital, pero clausura las puertas a la participación política de sus ciudadanos, es una nación que renuncia a su propio futuro.
La reconstrucción nacional exige, por tanto, un Pacto Nacional. No se trata de un llamado al caos, sino de una apelación al orden democrático. Este proceso requiere la liberación inmediata de los presos políticos como un gesto de distensión real, y no como una moneda de cambio diplomático, así como una apertura económica y política integral que devuelva el protagonismo a la nación.
La legitimidad del Estado cubano en este siglo XXI no vendrá del reconocimiento que le otorgue la Casa Blanca. Esa es una legitimidad periférica. La legitimidad sustantiva —aquella que otorga estabilidad a largo plazo y conjura el riesgo del colapso social— es la que nace de la libertad de sus nacionales. El mundo observa estos movimientos diplomáticos con cautela, pero la ciudadanía cubana —esa nación indivisible que trasciende fronteras geográficas— los juzga desde la urgencia de la carencia y la ausencia de horizontes.
Si el Estado cubano posee la voluntad de dialogar con quienes ha señalado durante décadas como sus enemigos, debería demostrar idéntica disposición para dialogar con su propio pueblo. La madurez política de una nación se mide por su capacidad de procesar el conflicto interno de manera pacífica y plural. No se puede exigir respeto a la soberanía nacional si se violenta diariamente la soberanía personal del ciudadano a través de la exclusión y el hostigamiento.
El entendimiento con el exterior es un imperativo pragmático, pero el entendimiento con la nación cubana es un imperativo ético. Sin este último, cualquier acuerdo externo será percibido como una huida hacia adelante; un aplazamiento de las soluciones estructurales que solo profundiza la brecha de desconfianza entre gobernantes y gobernados.
Esta solución no es una dádiva del poder, sino el fruto necesario de un consenso nacional que logre articular un horizonte inclusivo para todos. El desafío para quienes hoy conducen el Estado es demostrar si este acercamiento diplomático constituye el inicio de una apertura genuina hacia la democracia, o si es simplemente un ejercicio de inmovilismo sofisticado. La respuesta definirá no solo el lugar de sus actores en la historia, sino, fundamentalmente, la posibilidad de que la República de Cuba sea, por fin, un hogar de libertad, pluralismo y justicia social para todos sus hijos. La verdadera paz, esa que trasciende la simple ausencia de conflicto, solo será posible cuando la ley y la libertad se abracen en el ejercicio cotidiano de la ciudadanía.
