<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>La ofensiva para trasladar miméticamente la mayoría parlamentaria que le sostiene en el poder (socialistas, comunistas e independentistas) al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, es la apuesta de fondo de Pedro Sánchez para seguir en Moncloa, según la oposición.</strong></h4> El presidente del Ejecutivo no disimula en su discurso: es la hora de <strong>las mayorías “progresistas</strong>”<strong> en todos los poderes del Estado</strong>. <strong>El Partido Popular se resiste a entrar en las renovaciones pendientes</strong> en esos mismos órganos, convencido de que Sánchez y sus socios aprovecharán los relevos para desbordar el marco constitucional y abrir el camino a un cambio de régimen encubierto que dé continuidad al proyecto personal de Sánchez y sus compromisos con la extrema izquierda (Podemos) y los partidos separatistas. Esa es la cuestión de fondo, la pelea por el control de la Justicia y del TC como intérprete supremo de la Constitución, de la crisis institucional en España a costa de la división de poderes. Desde 1983, los dos grandes partidos, PSOE y PP, se habían puesto siempre de acuerdo, aunque tarde y mal, para repartirse por cuotas de influencia el CGPJ y el Constitucional. La principal novedad es que los socialistas concurren ahora al reparto en alianza con la extrema izquierda populista y los grupos secesionistas. La respuesta de los populares ha consistido en atrincherarse en el principio de que ni la Constitución en su origen, ni los parámetros de la UE en materia de independencia de la Justicia, ni la opinión pública admiten ya los repartos por cuota de partidos. Si para Sánchez está claro que le corresponde tener una mayoría de miembros del órgano de gobierno de los jueces y del TC afines a la izquierda política y a su persona, para Alberto Núñez Feijóo es evidente que procede acabar con la politización del CGPJ y garantizar la independencia del TC. “Dame tus nombres” es la única respuesta del Ejecutivo a los planteamientos del jefe de la oposición para desbloquear la renovación del CGPJ. Así se hizo en octubre de 2021, con Pablo Casado todavía al frente del PP, para que el Congreso pudiera elegir a los cuatro miembros del TC que les corresponden. La ley exige una mayoría de tres quintos (210 diputados) que solo populares y socialistas pueden sumar. El Gobierno se sostiene sobre la base de los 155 escaños que agrupan el PSOE y Podemos. El órgano que vela por el cumplimiento de la ley de leyes está compuesto por un total de 12 juristas y magistrados que se renueva obligatoriamente por tercios y el que toca cambiar ahora es el de nombramiento, a la par, de los dos miembros que corresponden directamente al Ejecutivo y los dos dependientes del CGPJ. Es el momento esperado por Sánchez para cambiar la actual mayoría del TC, que considera “conservadora”, por otra “progresista”. El jefe del Ejecutivo ha llegado a quitar, por ley, al órgano de gobierno de los jueces facultades de nombramiento por considerarlo “caducado” y con otra reforma de la misma ley devolvérselas meses después, pirueta parlamentaria rematada en julio para obligar a ese mismo CGPJ a designar ahora a sus dos representantes en el Constitucional. Toda la maniobra obedecía a su interés en no demorar el cambio de orientación en el TC que quiere consumado este mes. El Constitucional que ha ido desautorizando los decretos con que Sánchez afrontó la pandemia tiene pendientes de examen muchos de las reformas legales que el Gobierno de coalición de socialistas y comunistas han aprobado esta legislatura con el apoyo de los independentistas. Están recurridos por la oposición precisamente por entender que desbordan la ley de leyes. Pero<strong> el mayor temor del Partido Popular es que ese “asalto a las instituciones” del que acusa al Ejecutivo sirva en un futuro para pagar las facturas de la alianza del sanchismo con los independentistas catalanes y vascos, herederos en el caso de Bildu del brazo político de los terroristas de ETA</strong> incluidos. El presidente del Gobierno se ha comprometido con el de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, a “desjudicializar el conflicto”, lo que para los separatistas equivale a impunidad ante la ley y abrir negociaciones para la secesión de Cataluña sobre la base de un referéndum inconstitucional. En el caso de Bildu, su portavoz y antiguo pistolero de ETA Arnaldo Otegi explicó directamente que su formación necesita la continuidad de Sánchez en el poder para sacar de la cárcel a sus compañeros de la banda. Para contentar a unos y otros, Sánchez necesita controlar la Justicia y tener un Constitucional tan afín como pueda.
