<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno ha respondido con evasivas a una pregunta parlamentaria de Sumar, socio minoritario en el gabinete de coalición de Pedro Sánchez, sobre las violaciones de derechos humanos con Marruecos y sobre la “incoherencia” de compartir la organización de un mundial de fútbol “con un régimen que destina ingentes recursos a infraestructuras deportivas mientras reprime a su población por exigir que esos fondos se inviertan en una sanidad pública digna”.</strong></h4> En una pregunta parlamentaria por escrito registrada el pasado 11 de noviembre por los diputados Enrique Santiago y Juan Antonio Valero, de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Plurianual Sumar expresa su “preocupación” por “las graves restricciones del derecho de manifestación en Marruecos y las sistemáticas detenciones que se están llevando a cabo desde el mes de agosto” en el marco de “las protestas en defensa del derecho a la sanidad pública, las libertades básicas y el fin de la corrupción”. Esta represión, prosigue, ha conducido a la “detención de más de 400 personas”, que “se enfrentan a penas de prisión de varios años en procesos judiciales de carecen de unas mínimas garantías procesales” y que fueron “detenidas por ejercer pacíficamente su derecho a manifestarse en un país que es, de facto, una dictadura monárquica a pesar de su fachada democrática”. Según Sumar, “la grave vulneración de los derechos humanos en Marruecos no es un ‘asunto interno’, puesto que los derechos humanos son, por definición, universales”. Aparte, esta situación está teniendo un “impacto directo en España, dado que la represión política y la miseria generadas por el régimen de Mohamed VI están obligando a miles de ciudadanos marroquíes a huir de su país, siendo nuestro territorio uno de los principales destinos de estas personas”. Sumar acusa también al régimen marroquí de utilizar “de forma recurrente a su propia población desesperada como instrumento de presión política sobre el Gobierno de España, generando crisis migratorias que afectan a la frontera de Ceuta y Melilla”. “Estas personas no son ‘invasoras’, como los presenta la extrema derecha, sino seres humanos que aspiran a vivir dignamente en su propio país y cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados mientras el monarca ostenta un nivel de lujo insultante frente a la miseria del pueblo”, advierte. “Ante esta situación, el Gobierno de España tiene dos opciones: reforzar la dictadura de Mohamed VI legitimando la ocupación ilegal sobre el Sáhara Occidental que realiza el régimen marroquí con el apoyo de Trump e Israel y el silencio de Europa, o tomar la senda de la defensa de los derechos humanos”, advierte Sumar. Por otra parte, Sumar considera “incoherente con la defensa de los derechos humanos compartir la organización de un mundial de fútbol con un régimen que destina ingentes recursos a infraestructuras deportivas mientras reprime a su población por exigir que esos fondos se inviertan en una sanidad pública digna”. Por todo ello, la formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz pregunta qué medidas se están adoptando para apoyar el respeto por los derechos humanos y las libertades básicas en Marruecos, si “se ha trasladado o piensa trasladarse” al Gobierno marroquí la “profunda preocupación” del Gobierno español “por la vulneración de los derechos humanos” y qué medidas se han adoptado “para promover la liberación de los presos de conciencia en las cárceles marroquíes”. Por otra parte, Sumar pregunta al Gobierno si piensa “promover iniciativas internacionales destinadas a garantizar que eventos deportivos o culturales de envergadura respeten criterios de derechos humanos y no se utilicen para encubrir violaciones sistemática de derechos” y si ha valorado “la posibilidad de que España se retire de la organización de la Copa Mundial de Fútbol 2030 en señal de protesta o por razones de coherencia en defensa de los derechos humanos”, a fin de no contribuir a “blanquear al régimen marroquí”. <h5><strong>“Firme compromiso con los derechos humanos”</strong></h5> En su respuesta, registrada el pasado 19 de diciembre y publicada esta semana por el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Gobierno se limita a asegurar que “está plenamente comprometido con la organización del Mundial de Fútbol 2030 desde el punto de vista deportivo y también con los principios de respeto a los derechos humanos, sostenibilidad e inclusión social”. “La reciente creación de la Comisión Interministerial, la implementación del II Plan de Derechos Humanos y las garantías aprobadas el 30 de julio de 2024 reflejan este compromiso y la voluntad del Gobierno de asegurar que este evento sea un referente positivo para el deporte y la sociedad en su conjunto”, prosigue. “Este firme compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos se extiende a todos los ámbitos de su acción política, tanto a nivel nacional como internacional”, asegura el Gobierno. “Como miembro activo de la Unión Europea y de conformidad con la legalidad vigente, España vela activamente por el respeto y la garantía de los derechos humanos, pues así se compromete el país al firmar y formar parte de los numerosos tratados, convenios y textos normativos a nivel internacional y nacional”, prosigue. “El Gobierno de España garantiza la plena observancia de los derechos fundamentales y las libertades públicas en todas las áreas de su gestión”, concluye la respuesta.
