<h6><b>Ane Barcos</b></h6> <h4><strong>La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, instó este martes en Bruselas a que la Unión Europea forje una alianza con los países que aún respaldan un orden internacional basado en reglas para hacer frente a los desafíos que plantean actores globales como Estados Unidos, especialmente en un escenario en el que Washington busque redefinir equilibrios geopolíticos. “Construir alianzas con quienes todavía consideran que el orden internacional debe basarse en reglas es un aspecto importante para los meses que quedan de 2026 y más allá”, afirmó durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.</strong></h4> Ante la situación en Venezuela, Ribera defendió que cualquier acción debe ajustarse a la legalidad internacional. “El Estado de derecho, el derecho internacional, el multilateralismo, el orden global fue un activo clave para cualquier persona en cualquier parte del mundo”, dijo. Alertó de que “olvidarlos no nos llevaría a un futuro mejor, al contrario”, y defendió recuperar “el manual del derecho internacional”. La vicepresidenta ejecutiva situó la prioridad europea en sostener tres fundamentos que, según dijo, definen el proyecto comunitario: Estado de derecho, modelo social y economía abierta. Sostuvo que 2025 ha sido un año en el que “incluso los principios esenciales, el legado de nuestros padres y abuelos, han sido desafiados” y que la Unión se ha visto “bajo amenaza interna y externa” En ese contexto, reivindicó que Europa es “una economía social abierta de mercado” que debe “elegir las batallas que librar y los principios que defender”. “Lo más desafiante ha sido ser serios a la hora de hacer cumplir y defender el Estado de derecho, interna e internacionalmente”, reconoció a la hora de hacer balance de su primer año como parte del Ejecutivo comunitario. Vinculó esa obligación con el comercio, la innovación y el papel exterior de la Unión Europea, que identificó como campos donde Europa “puede actuar, construir y seguir haciendo” mediante el trabajo combinado de instituciones, gobiernos y socios internacionales. Sobre el modelo social europeo, Ribera señaló que, en comparación con estados Unidos, excluyendo sectores digitales y financieros, “somos mucho más productivos que los americanos en la industria manufacturera básica” y atribuyó esa situación a un marco regulatorio que favorece eficiencia, formación y transición ecológica. Recordó que “el 85% de los europeos procede de sus salarios, frente al 75% de los ciudadanos estadounidenses” y que la esperanza de vida europea ronda “entre 80 y 83 años”. Concluyó que esa estructura se traduce en calidad de vida y en cohesión social que Europa debería preservar. La española situó la política de competencia como herramienta para sostener la autonomía estratégica europea y evitar distorsiones en un mercado que calificó como abierto, pero regulado. La describió como “una aplicación técnica del Estado de derecho para evitar abusos de compañías poderosas” y subrayó que la Comisión tiene la responsabilidad de asegurar “un campo de juego equilibrado basado en hechos y debido proceso”. Añadió que esa función requiere actualización constante para integrar la dimensión digital y verde y para garantizar que los actores externos cumplen las mismas reglas, “incluido el uso de financiación pública sin crear distorsiones”. Ribera reconoció la presión de actores globales, “incluidos socios cercanos” como Estados Unidos, que cuestionan regulaciones europeas como el Reglamento de Mercados Digitales. Insistió en que la UE debe actuar de forma unida, entre instituciones y empresas, para sostener su marco normativo. “Estamos abiertos a los negocios, pero esto no debe ser el Far West”, advirtió. Sobre la aplicación del Reglamento de Mercados Digitales, recordó que 2025 fue el primer ejercicio en el que los grandes operadores designados como gatekeepers debieron cumplir plenamente sus obligaciones. Señaló que la Comisión ha actuado para demostrar que está “aquí para garantizar la aplicación de la ley”. Admitió que las empresas pueden recurrir decisiones “en un tribunal”, pero defendió que la institución tiene “el derecho y la obligación constitucional” de preservar un mercado que funcione. Añadió que la regulación digital incide en democracia, acceso a la información y prestación de servicios públicos, lo que hace imprescindible “asegurar que los gatekeepers definidos por una regulación adoptada tras años de trabajo participativo sean efectivamente vigilados”. La vicepresidenta enfatizó que la capacidad de actuar con socios para resguardar un orden multilateral basado en reglas “dentro y fuera de Europa” será determinante para sostener la prosperidad europea en los próximos años.
