<h6><strong>Ane Barcos</strong></h6> <h4><strong>La delegación española del Comité Europeo de las Regiones (CdR) celebró este miércoles en Bruselas una reunión para abordar las negociaciones en curso del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. En el encuentro, representantes de las comunidades autónomas y las entidades locales expresaron su rechazo a la propuesta actual, señalando la falta de una participación efectiva en la gestión de los fondos europeos y alertando sobre el riesgo de que el nuevo marco presupuestario favorezca la centralización en detrimento de la cohesión territorial.</strong></h4> En el encuentro, organizado por el Ejecutivo gallego, participaron representantes de las comunidades autónomas y las entidades locales españolas, eurodiputados del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, así como el embajador y representante permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso. El encuentro, celebrado con el objetivo de compartir las posturas y preocupaciones de las comunidades autónomas respecto a la nueva arquitectura del MFP, en la Declaración ‘Galicia’, un documento adoptado el 21 de octubre en una reunión extraordinaria de la delegación española del CdR en Santiago de Compostela. Los líderes locales y regionales criticaron la falta de una participación activa de las comunidades autónomas en la planificación y gestión de los fondos europeos. La preocupación es que las decisiones sobre el reparto de estos fondos se centralicen, sin tener en cuenta la perspectiva y las necesidades específicas de las regiones y los entes locales. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, subrayó que las comunidades autónomas son las principales ejecutoras de una parte significativa de los fondos europeos, señalando que “somos quienes ejecutamos los fondos con mucha eficacia”. Rueda defendió una mayor implicación de las regiones en el proceso de toma de decisiones, instando a que no sea únicamente el gobierno central quien tenga la última palabra. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, abogó por la creación de un protocolo de trabajo nacional para garantizar que el reparto de fondos europeos se realice de manera “transparente” y consensuada entre las principales fuerzas políticas del país. García-Page enfatizó que, si las soluciones no llegan desde la Comisión Europea, España deberá buscar sus propios mecanismos para abordar las necesidades de sus regiones. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, alertó sobre el riesgo de que las regiones pierdan “influencia y capacidad de decisión y gestión” bajo el nuevo marco presupuestario. Chivite reiteró la necesidad de una “gobernanza multinivel”, en la que las comunidades autónomas jueguen un papel activo en la toma de decisiones. En este sentido, destacó que un alejamiento de las políticas europeas podría generar un desapego de la ciudadanía hacia el proyecto europeo, ya que la percepción de que los fondos y programas no llegan adecuadamente a los territorios podría socavar la confianza en la Unión Europea. Uno de los principales reclamos de los participantes fue la asignación de presupuestos específicos para cada comunidad autónoma, con el fin de adaptar la gestión de los fondos a las necesidades y características particulares de cada región. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insistió en que es necesario asegurar que “se mantenga la cohesión” y que se establezcan cantidades claras y precisas sobre los fondos disponibles para cada comunidad autónoma. Rueda subrayó que la distribución de los fondos no debe quedar a la discreción de cada Estado, ya que esto podría generar desigualdades en el reparto de los recursos. <h5><strong><u>D</u>efensa de la PAC y la PPC</strong></h5> Durante la reunión, se destacó la importancia de mantener los fondos destinados a la Política Agrícola Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC), en un contexto de creciente preocupación por la soberanía alimentaria de la Unión Europea. Rueda advirtió que un recorte en los fondos de la PAC y la PPC sería “demoledor” para las regiones pesqueras de Europa, abriendo la puerta a la importación de productos de terceros países con normativas ambientales más laxas. En la misma línea, el presidente de Andalucía y vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, Juan Manuel Moreno Bonilla, subrayó que, si bien es importante que se incrementen las inversiones en seguridad digital, tecnológica y defensiva, también se debe garantizar un trato adecuado a los sectores agrícola, ganadero y pesquero para asegurar la soberanía alimentaria. Los participantes también hicieron un llamado a mejorar las redes de transporte de energía para facilitar la transición energética y asegurar que los proyectos de energías renovables generen riqueza local. Se propuso que al menos el 50% de la nueva generación renovable sea reservada para la industria local, lo que permitiría maximizar el impacto económico de las inversiones en energías limpias en las regiones. Rueda hizo un llamado a la unidad entre los principales partidos políticos de España, destacando que tanto el Partido Popular como el PSOE cuentan con gran poder en el Parlamento Europeo. “Europa es muy grande, con muchas diversidades, pero también hay intereses comunes”, señaló. A pesar de las dificultades que se prevén, Rueda expresó su determinación de seguir presionando para que las preocupaciones de las regiones españolas se escuchen y se tengan en cuenta en el nuevo Marco Financiero Plurianual.
