Serhii Pohoreltsev
Embajador de Ucrania en España
A principios de abril pasado, después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron expulsar a las tropas rusas de los suburbios de la capital, Kyiv, todo el mundo civilizado pudo presenciar las peores imágenes de las masacres cometidas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las evidencias gráficas que mostraban cadáveres de civiles maniatados a la espaldas, asesinados a quemarropa, los testimonios de violaciones sistemáticas de mujeres, niñas y niños en masa, las fosas comunes en Bucha dejaron perpleja y horrorizada a la opinión pública internacional que no imaginaba que las escenas de estos crímenes de guerra y de lesa humanidad pudiesen repetirse en Europa en el siglo XXI. El agresor ruso no tardó mucho en acusar a Ucrania de escenificar los hechos.
Tras la masacre de Bucha, a petición del Gobierno de Ucrania, la Corte Penal Internacional abrió expediente y empezó a investigar los crímenes de guerra cometidos durante la agresión rusa a Ucrania.
Nadie tiene dudas de que lo de Bucha, como demuestran los acontecimientos más recientes, no es un caso aislado.
El pasado 29 de julio en el centro de detención en Olenivka -pueblo situado en el territorio de la región de Donetsk ocupado temporalmente por las tropas rusas, donde estaban encarcelados los defensores de la acería de Azovstal que, de conformidad con el acuerdo previo, se rindieron entre el 16 y 20 de mayo- estalló una carga explosiva causando la muerte a 48 militares e hiriendo a otros 73.
No es sorprendente que el agresor ruso, como en otras ocasiones, se precipitase a culpar al ejército ucraniano de bombardear las instalaciones en Olenivka.
Ucrania de inmediato negó esta impostura oficialmente de forma rotunda y exigió llevar a cabo una investigación internacional meticulosa con la participación de las Naciones Unidas y la Cruz Roja, que fueron garantes de la vida y salud de este grupo de prisioneros de guerra ucranianos.
En primer lugar, fue de general conocimiento el hecho de que los prisioneros de guerra de Azovstal habían sido trasladados y quedaban retenidos en Olenivka por lo que las Fuerzas Armadas de Ucrania no tenían motivos para atacar el centro de detención en esta localidad.
Las afirmaciones de la administración de ocupación rusa respecto a que el bombardeo de los cuarteles en Olenivka fue llevado a cabo presuntamente por el ejército ucraniano con los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad M142 HIMARS y la exhibición de fragmentos de misiles supuestamente encontrados en la escena del asesinato no son nada más que mentiras deliberadas y fabricación de pruebas.
La intención de ocultar los hechos se hace obvia al tener en cuenta que cada disparo de M142 HIMARS y los datos de los impactos de sus proyectiles se documentan de forma escrupulosa. La precisión con que los HIMARS alcanzan los objetivos puede ser evaluada por la destrucción de las instalaciones militares de retaguardia rusas.
Las imágenes gráficas hechas públicas y las conversaciones telefónicas entre las tropas rusas, interceptadas por el servicio de inteligencia ucraniano, permiten llegar a la conclusión de que las instalaciones del centro de detención fueron voladas por una explosión originada desde dentro.
Varias razones apuntan a que el asesinato de prisioneros de guerra en Olenivka fue premeditado y deliberado.
Al escenificar el asesinato de los defensores de Azovstal como una obra del ejército ucraniano el Kremlin podría perseguir una serie objetivos a la vez.
En primer lugar, en caso de éxito, el plan permitiría desacreditar a la cúpula política de Ucrania con falsas acusaciones de dar una «orden criminal» o demostrar el error de la decisión política de que la guarnición de Azovstal se rindiese.
Por otro lado, el ejército ucraniano se vería desprestigiado con falsas acusaciones de ejecutar las «órdenes criminales» o de ser incompetente profesionalmente a la hora de determinar y acertar objetivos.
Con la demostración pública de los fragmentos de misiles de los M142 HIMARS, supuestamente encontrados en Olenivka, los rusos pretendían desacreditar a Occidente por suministrar estos sistemas de armamento a Ucrania.
Es también obvio que la cúpula política y militar rusa, reacia a cumplir con sus obligaciones asumidas como parte de los acuerdos previos a la rendición de los defensores de la acería de Azovstal, sintió la tentación de ejecutar de forma encubierta a los efectivos del regimiento «Azov» de la Guardia Nacional de Ucrania, demonizado por los medios de comunicación rusos.
Al mismo tiempo, no se puede descartar que este plan se veía como una manera de aniquilar a los testigos y las víctimas de las torturas a que habían sido sometidos los prisioneros de guerra ucranianos.
Dado que el crimen en Olenivka fue cometido simultáneamente con la difusión de un video sobre la ejecución sádica de un prisionero ucraniano, sus perpetradores esperaban que la noticia impactante del asesinato de los prisioneros de guerra ucranianos en masa por, supuestamente, sus hermanos de armas infligiese una profunda desmoralización en la sociedad civil ucraniana, así como socavase el espíritu de lucha de las Fuerzas Armadas de Ucrania y su voluntad de resistir.
Al someter a los prisioneros de guerra de «Azovstal» a maltratos, Rusia no sólo incumple los acuerdos previos a su rendición, sino también viola una serie de normas del derecho internacional humanitario, en primer lugar, las Convenciones de Ginebra sobre la protección de las víctimas de guerra.
Cabe recordar que estos Convenios prohíben directamente el trato inhumano de los prisioneros de guerra (fotos y videos de prisioneros atestiguan un deterioro significativo de su condición física y psicológica) y la criminalización de la participación de los combatientes en las hostilidades (Rusia demoniza públicamente a los prisioneros y prepara juicios con su participación). De conformidad con los Convenios de Ginebra, Rusia también tenía la obligación de colocar a los prisioneros de guerra a una distancia segura fuera de la zona de combate, mientras la distancia entre el pueblo de Olenivka y la línea del frente no supera 10 km.
Este episodio del asesinato de los prisioneros de guerra en masa cometido por las tropas rusas en Olenivka se parece mucho al crimen a sangre fría de Katyn en 1940, cuando el régimen estalinista ejecutó de forma delibera y premeditada a los militares capturados del ejército polaco.
Seguramente en el expediente de la Corte Penal Internacional va a haber un capítulo del asesinato de los militares ucranianos en Olenivka. Y esperamos que, más pronto que tarde, tanto los perpetradores materiales como autores intelectuales de este crimen de guerra rendirán cuentas en un juicio justo.
Pero este proceso no promete resultados rápidos. Sero molunt deorum molae (Los molinos de los dioses muelen despacio, pero muelen fino).
La pregunta es ¿cómo a estas alturas debe reaccionar el mundo civilizado democrático a un nuevo crimen cometido por el ejército ruso en el suelo ucraniano?
Manteniendo el suministro de armas modernas a Ucrania, necesarias para su legítima autodefensa y la expulsión del agresor ruso de su territorio soberano. Prestando apoyo humanitario al pueblo de Ucrania y acogiendo a las personas que se vieron forzadas a desplazarse a Europa y otras partes del mundo. Imponiendo nuevas y más fuertes sanciones contra el agresor ruso y cortando todos los lazos comerciales con las compañías de Rusia, privándola de los ingresos que acabarán destinados a su maquinaria de guerra.
Por último, si bien no por ello menos importante, antes de que actúe la justicia, las democracias deben reconocer a Rusia de forma oficial como un estado patrocinador del terrorismo. Por sus crímenes en Bucha, Gostomel, Irpin, Kremenchuk y ahora en Olenivka. Rusia se ha ganado este título.
© Todos los derechos reservados
