<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El pasado 19 de noviembre entraron en vigor los acuerdos entre España y Portugal para la seguridad de la navegación y la náutica de recreo y sobre la pesca en el Tramo Internacional del Río Guadiana (TIRG), acordados en octubre de 2024 durante la XXXV Cumbre Hispano-Lusa.</strong></h4> La Cumbre Hispano-Lusa, celebrada el 23 de octubre de 2024 en la localidad lusa de Faro (Algarve, en el sur) bajo el lema ‘El agua, un bien común’, concluyó con la firma de once acuerdos sobre áreas como el agua, el medio ambiente o la cultura y con el compromiso de los dos Gobiernos de pedir a Francia y a la Comisión Europea que faciliten las interconexiones ferroviarias y energéticas entre la península ibérica y el resto de Europa. En lo que respecta al tema principal de la Cumbre, la gestión compartida del agua, los Ministerios de Medio Ambiente de ambos países alcanzaron en Faro varios acuerdos en materia de protección de los ecosistemas fluviales y la gestión de los recursos hídricos para garantizar la sostenibilidad de las actividades socio-económicas. Ello incluyó dos acuerdos para la seguridad de la navegación y la náutica de recreo en el Tramo Internacional del Río Guadiana (TIRG) y sobre la pesca en el mismo Tramo Internacional del mismo río. La firma de los dos acuerdos había sido autorizada por el Consejo de Ministros español el 1 y el 8 de octubre de 2024. Ambos acuerdos son aplicables a las aguas y márgenes delimitadas conforme a lo dispuesto en el Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establece la línea de cierre de las desembocaduras de los ríos Miño y Guadiana y se delimitan los tramos internacionales de ambos ríos, firmado en Vila Real el 30 de mayo de 2017 y en vigor en ambas partes. El objetivo del primer acuerdo, según publicó este jueves, 27 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE), es regular la náutica de recreo, la práctica de los deportes náuticos y la seguridad de la navegación en el TIRG, considerando el incremento gradual de la náutica de recreo que se ha observado en este tramo y teniendo en cuenta “la existencia de un uso común, equitativo y razonable de las aguas del TIRG, las características particulares del río Guadiana y el principio de libre circulación”. Asimismo, el objetivo del segundo acuerdo es regular el ejercicio de la pesca profesional y recreativa (lúdica y deportiva) en el TIRG con el fin de garantizar la explotación sostenible de los recursos, con especial incidencia en lo que se refiere a la labor de inspección y vigilancia de la actividad, garantizando la igualdad de condiciones para la comunidad pesquera de ambas partes “al mismo tiempo que se protege el ecosistema y la biodiversidad y se evita la sobreexplotación de los recursos naturales”. En ese mismo marco de protección de las aguas comunes, la entonces vicepresidenta para la Transición Ecológica (y actual vicepresidenta de la Comisión Europea), Teresa Ribera, y su homóloga portuguesa, Maria da Graça Carvalho, suscribieron casi un mes antes de la cumbre otros dos acuerdos sobre la fijación de caudales mínimos diarios para el río Tajo y el establecimiento, por primera vez, de un régimen de caudales de carácter mensual en el tramo final del Guadiana. El 26 de junio de 2025, entraron en vigor los otros dos grandes acuerdos sobre gestión de las aguas (en este caso, sobre infraestructuras) firmados en Faro, concretamente para la construcción de dos puentes internacionales, el que unirá las localidades de Sanlúcar de Guadiana (España) y Alcoutim (Portugal) a través del Guadiana y el que comunicará las localidades de Cedillo (España) y Montalvão-Nisa (Portugal) a través del río Sever. El objetivo de ambos acuerdos, según el Gobierno, es “mejorar las condiciones para la circulación de vehículos y personas entre los dos Estados”, contribuyendo con ello no sólo a incrementar el tráfico de personas y a mejorar los intercambios humanos y económicos entre los dos países, sino también a desarrollar las áreas de carácter transfronterizo que se encuentran, por una parte, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Región del Algarve y, por otra, en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Región del Alentejo.
