<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha preguntado al Ministerio de Asuntos Exteriores si es consciente de las irregularidades y cobros indebidos de que ha sido acusada la empresa india BLS International Services Ltd, a la que se ha externalizado la gestión de los visados en más de cuarenta países.</strong></h4> En una pregunta parlamentaria por escrito registrada el pasado 7 de noviembre, Sumar (socio minoritario en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez) recuerda que, según la información publicada por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, BLS International actúa como empresa concesionaria oficialmente autorizada por el Gobierno de España para la gestión de solicitudes de visado en más de cuarenta países, entre ellos Marruecos, Senegal, Nigeria, India, Pakistán, México, Rusia y Estados Unidos. El contrato entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y BLS para la recogida y tramitación de solicitudes de visado fue firmado por primera vez el 12 de diciembre de 2016, lo cual fue muy criticado en su día por los representantes sindicales del Ministerio de Exteriores, por Transparencia Internacional e incluso por algunas embajadas a causa del mal funcionamiento de la empresa. El contrato fue renovado en marzo de 2023, a pesar de que varios medios de comunicación, organizaciones sociales y grupos de ciudadanos habían informado de irregularidades, cobros indebidos y posibles prácticas abusivas en el funcionamiento de sus centros de tramitación. Según Sumar, en Canadá, la filial de BLS encargada de los servicios consulares de la India ha sido objeto de “denuncias públicas por cobros forzosos, presiones económicas y trato vejatorio a solicitantes”, según investigaciones de la cadena pública CBC Toronto. En Estonia, el propio Ministerio del Interior rescindió recientemente un contrato con BLS tras detectar infracciones graves en la gestión del programa estatal de e-Residency. Aparte, en el ámbito de los consulados españoles, se han registrado quejas y denuncias ciudadanas en varios países vinculadas tanto a la gestión de BLS como a la posterior revisión por parte del consulado. Al respecto, Sumar asegura que se han documentado casos especialmente sensibles, como el de una mujer española a la que se denegó el visado de su cónyuge senegalés, impidiéndole asistir al parto de su segundo hijo en España. Ante esta situación, varios colectivos elaboraron una encuesta para recopilar testimonios y casos de irregularidades y entregaron centenares de firmas al Consulado español en Dakar, logrando mejoras temporales, “aunque las denuncias por corrupción y trato desigual persisten”. Situaciones similares se han reportado en Pakistán, donde la diáspora paquistaní en España denuncia que trabajadores de la empresa BLS exigen pagos de hasta 3.000 euros para procesar visados, sin que en algunos casos estos hayan sido concedidos ni tras un año de espera. “Los afectados afirman haber comunicado estos hechos al personal de la Embajada española sin recibir respuesta efectiva ni soluciones estructurales”, prosigue la formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Por todo ello, Sumar pregunta al Gobierno si está al tanto “de los casos de presuntas irregularidades y cobros indebidos denunciados públicamente en Senegal, Marruecos o Pakistán por parte de BLS International” y si ha solicitado explicaciones formales a BLS International o a sus filiales por los citados casos de fraude o incumplimiento en otros países. Asimismo, Sumar pregunta “cómo garantiza el Gobierno que los solicitantes no sufran cobros indebidos o abusivos”, qué mecanismos existen para que los ciudadanos españoles o extranjeros puedan reclamar o denunciar abusos cometidos por BLS International “sin que peligre su solicitud de visado”, y si se han realizado auditorías, inspecciones o evaluaciones de desempeño a BLS International desde el inicio de su contrato y, en caso afirmativo, si podría el Gobierno facilitar los resultados. La formación de Yolanda Díaz también pregunta al Gobierno si prevé “revisar o suspender la relación contractual con dicha empresa a la luz de las denuncias internacionales y los procedimientos judiciales en curso” y si contempla “recuperar parcialmente la gestión directa de los visados o implantar un sistema digital público de presentación de solicitudes, a fin de reducir la dependencia de empresas privadas”.
